Una semana después de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas, la improvisación y las prisas con que se produjo su aprobación han provocado el efecto contrario en los Juzgados. El Ministerio argumenta que la normativa pretende descongestionar y agilizar la Justicia, al restringir muchos procesos que no deberían terminar en los tribunales. Sin embargo, abogados y procuradores están trabajando para poder iniciar sus procedimientos antes de la aplicación de la normativa, paralizada al no estar habilitados aún los formularios necesarios para cobrar las tasas a los ciudadanos.
El objetivo es presentar sus procedimientos antes de que hacerlo cueste entre 300 y 800 euros. Sobre todo teniendo en cuenta que aunque se presenten ahora las demandas judiciales no se cobrará con carácter retroactivo una vez la aplicación de las tasas entre en vigor. Incluso algunos secretarios judiciales admiten demandas con fallos formales para que así la fecha de inicio del procedimiento figure antes de aplicarse la ley.
Con estas tasas van a darse situaciones como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros. Otros ejemplos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca.
Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros. De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad. Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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