A fecha de hoy, por parte de la Guardia Civil se ha tomado declaración a 21 trabajadores de la empresa, todos ellos de nacionalidad rumana, los cuales han reconocido que habían sido traídos desde Rumanía a España para trabajar en dicha empresa recogiendo la patata. Además tenían firmados pre-contratos de trabajo en los que les garantizaban un sueldo de 1.185 euros brutos mensuales, comprometiéndose al empresa a respetar las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo de los trabajadores del campo, así como a indemnizar a los trabajadores con un mes de sueldo en el caso de que no tuviera trabajo para los mismos.
Lejos de respetar las condiciones del pre-contrato de trabajo, la empresaria rumana pagaba 450 euros por cada camión de patatas que cargaban las cuadrillas de trabajadores; cuadrillas que como mínimo eran de 12 miembros, lo que suponía pagar a cada trabajador 37’5 euros por camión de patatas, siendo éste el único salario que percibían como aseguran desde la Guardia Civil. En el transcurso de la investigación se descubrió que la empresa tenía dados de alta en la Seguridad Social a 52 trabajadores, todos ellos procedentes de Rumania, no habiendo abonado las cuotas de la Seguridad Social de ninguno de ellos.
Asimismo, se descubrió por otra parte que había solicitado en la Subdelegación de Gobierno de Salamanca “Tarjetas de Residente Temporal Comunitario” para 24 personas haciéndolas pasar por trabajadores de la empresa Agrocitrus del Sur S.L, de los cuales, 11 se correspondían con ciudadanos rumanos que no trabajaban para esta empresa, con lo que trataba de obtener dichas Tarjetas de Residente Comunitario de forma fraudulenta. Como resultado de la investigación se procedió a la detención de la empresaria de nacionalidad rumana, F. M., de 28 años de edad, a la que se le imputan delitos contra el derecho de los trabajadores y de falsedad en documentos.
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