?Para UPYD, la lucha contra la corrupción no es una cuestión de propaganda electoral. Estamos comprometidos con la regeneración democrática y nos avala nuestra trayectoria, así como nuestras actuaciones en los tribunales contra aquellos que atracaron los fondos públicos?, ha comenzado señalando Águeda Arranz, candidata al Congreso de los Diputados por Salamanca.
A continuación, ha procedido a desarrollar las principales medidas con respecto a este ámbito. Entre ellas cabe señalar la reforma del Código Penal para incluir un delito relacionado con la malversación imprudente de caudales públicos o el aumento de penas a los directivos y administradores de empresas con participación pública implicadas en delitos de corrupción.
Arranz también ha resaltado que ?UPYD desde su nacimiento siempre ha defendido la regeneración democrática como uno de los pilares de la nueva etapa política?. Ha continuado afirmando que ?el programa contiene amplias medidas para acabar con el aprovechamiento personal y partidista de las situaciones de responsabilidad?.
En este respecto, ha citado algunas medidas como la suspensión provisional de los cargos públicos cuando los indicios de delito sean muy claros; la prohibición de formar parte de las listas electorales estando imputado por delitos contra la Administración Pública; la limitación del uso del indulto, especialmente en los casos de corrupción política; la tipificación formal de la financiación ilegal de partidos políticos o la introducción en la legislación penal del enriquecimiento ilícito o injusto, en referencia al aumento sustancial del patrimonio de cualquier cargo público sin una motivación concreta.
Para concluir, la candidata a la Cámara Baja ha defendido la modificación de la Ley Orgánica de Partidos para que el procedimiento de elección de los cabezas de lista de todos los procesos electorales sea de carácter democrático mediante voto directo y secreto de los afiliados. Asimismo, ha apostado por la reforma de la Ley de Transparencia, de manera que se hagan públicos los expedientes de contratación, los salarios de funcionarios y gestores públicos y las cuentas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y patronales. Por último, ha reclamado el establecimiento de la limitación de mandatos a dos legislaturas, la creación de barreras legales contra las puertas giratorias o el fortalecimiento del Pacto contra el Transfuguismo de 1998.
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