“Quieren hacer cómplices al personal de la privatización de la sanidad pública”

“Quieren hacer cómplices al personal de la privatización de la sanidad pública”

La implantación de las unidades de gestión clínica en los hospitales de Castilla y León que propone la Consejería de Sanidad, pospuesta de nuevo, ahora para enero de 2017, sigue generando recelos entre el personal sanitario. De hecho, todos los sindicatos menos el médico se oponen a su puesta en marcha.

Para la Unión General de Trabajadores (UGT), estas unidades quieren “hacer creer a la población que con este modelo mejorará la asistencia sanitaria pero la realidad es que esconde un modelo de privatización solapada y con menor visibilidad evitando paralizaciones judiciales”.

En el Decreto, añade, se menciona que no se aumentará la contratación de personal sanitario con la implantación de las nuevas unidades. “Sin embargo, es casi seguro que aumentará la contratación de personal político que controle las múltiples evaluaciones y la ingente burocracia que se va a generar”, afirma UGT.

Por eso, dado que la palabra clave de estas unidades son los objetivos, “esto quiere decir que lo que prima es el ahorro económico: reducir gastos a toda costa, aunque se deteriore la calidad asistencial. Repartiendo incentivos entre los profesionales, incentivos que con el tiempo irán menguando mientras los objetivos serán cada vez más duros. La idea es impregnar al personal sanitario de ideología empresarial, de forma que al paciente se le vea como un generador de gastos que implicará cobrar menos a final de año. De esta manera quieren hacer cómplices al personal de la privatización de la sanidad pública”.

Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) denuncia que la Consejería de Sanidad “no sólo no ha aclarado las dudas que había sobre la inseguridad jurídica de los profesionales sanitarios”, en su Orden de desarrollo del Decreto de implantación de las Unidades de Gestión Clínica, “sino que ha incrementado esa incertidumbre y esa preocupación”.

CSIF sigue preguntándose qué va a pasar con los profesionales sanitarios que no quieran incorporarse en las Unidades de Gestión Clínica, ya que el Decreto lo considera una decisión voluntaria, y las condiciones de trabajo en las que quedarían. Por otra parte, denuncia que la Administración regional tampoco concreta cuándo y cómo van a darse los incentivos económicos, para los profesionales que participen en las nuevas unidades de gestión.

El sindicato también teme que se presione al personal interino, dada su precariedad laboral, para que acepte su incorporación a las Unidades de Gestión Clínica, o que también se produzcan cambios en las jefaturas de servicio y en los supervisores de enfermería, en favor de personas más proclives a “mantener una posición más dócil o más favorable, en la implantación de las nuevas unidades, sin valorar otras cuestiones profesionales”. Además, critica la creación de numerosos ‘puestos directivos’ en las unidades, con la intención de propiciar la incorporación voluntaria del personal.

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