El pasado 19 de septiembre de 2017, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, preguntó al ejecutivo autonómico si debería iniciarse una nueva evaluación medioambiental de la mina de uranio en Retortillo a tenor de la Resolución del Procurador del Común y la afirmación del Gobierno central en este sentido.
Cabe recordar que en respuesta al grupo de Compromís en el Senado, a tenor de una pregunta sobre el proyecto de explotación de la mina de uranio en Retortillo, el Gobierno de España señaló que debe ser la comunidad autónoma quien evalúe los posibles riesgos de la actividad química de los minerales objeto de explotación y de sus subproductos o residuos.
En este sentido, el ejecutivo autonómico ha respondido a IU-Equo que “no constando en el órgano ambiental que se haya producido ninguna modificación del proyecto…, no se considera necesario efectuar una nueva declaración de impacto ambiental, debiéndose llevar a cabo el proyecto minero de acuerdo con las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental del 25 de septiembre.
IU-Equo califica la decisión de “intolerable”, y recuerda que la administración autonómica ha aprobado la concesión de la explotación de la mina sin evaluar los riesgos que conlleva dicha actividad, y sin establecer medidas para proteger a la población de las consecuencias para la salud. Además, diversos estudios han alertado de la incidencia en la salud de trabajadores vecinos de los municipios cercanos.
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