Con este protocolo, la Junta pretende avanzara en la prevención y lucha por la erradicación del maltrato infantil mediante el establecimiento de un marco permanente de coordinación entre los profesionales de ambas consejerías. Las actuaciones se están centrando en aspectos clave como la revisión y mejora de los protocolos en los diferentes ámbitos ante posibles situaciones de riesgo y/o sospecha de maltrato infantil, que faciliten su detección precoz y notificación por los profesionales, o como el refuerzo a los mecanismos de coordinación y comunicación entre los profesionales para una mayor agilidad y eficacia en las intervenciones que deban realizarse para la protección del menor.
Ya se ha puesto en marcha un protocolo de actuación en el ámbito sanitario para facilitar y agilizar la detección y, en su caso, derivación por parte de los profesionales sanitarios de casos de maltrato infantil en el ámbito familiar y también con los profesionales de las entidades locales, donde se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de actuación en los casos de riesgo grave sin colaboración de la familia y se les ha proporcionado la formación necesaria.
A estos se suma desde hoy un protocolo con el que facilitar y reforzar la actuación y coordinación de los profesionales del ámbito educativo, desde el que se han notificado a los servicios sociales, en los últimos 5 años, 281 sospechas de maltrato infantil, que representan entre un 5 % y un 8 % del total de notificaciones recibidas. De estas 281 notificaciones de posibles situaciones de maltrato, después de las correspondientes investigaciones y evaluaciones, terminaron en expediente de protección 115 casos.
Las actuaciones que contempla este Protocolo van a concienciar y formar al profesorado en su labor de detección precoz de situaciones de riesgo y/o sospecha de malos tratos en la infancia y en la adolescencia en el entorno familiar. Junto a esto, también clarifican el proceso de intervención a seguir desde la sospecha de maltrato hasta su notificación, al tiempo que facilitarán y mejorarán la coordinación interinstitucional. Para ello, el Protocolo recoge las pautas de actuación tanto en el propio sistema educativo como para su notificación a los servicios sociales, bien a los CEAS en el caso de sospecha de maltrato leve o moderado o a las Secciones de Protección a la Infancia en los casos más graves.
De esta forma, ante la sospecha de riesgo o malos tratos, cualquier docente de un centro educativo deberá realizar por escrito una comunicación al equipo directivo del mismo alertando de esta situación. Posteriormente, el director y su equipo deberán hacer llegar tanto a los Servicios Sociales como a la Dirección Provincial de Educación un documento con el caso. En el caso de que existan indicadores físicos, psíquicos y/o abusos sexuales que pongan en peligro al alumno, la intervención sería inmediata, incluso se podría solicitar el auxilio de los servicios de emergencia o la Policía Local, Nacional o la Guardia Civil.
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