Guillermo González, secretario general de UPA Salamanca y uno de los responsables de la Alianza UPA-GOAG, explicó que con la entrada en vigor el pasado 1 de enero del Decreto Ley 980/2017 del 10 de noviembre se “ha dejado en fuera de juego a los agricultores y a los ganaderos”, ya que este restringe las acciones en el reparto de purines en las circunstancias en las que se encuentran los instrumentos para repartir dichos purines en la actualidad.
Sin embargo, Guillermo González recordó que el reglamento permite a las comunidades autónomas, en este caso, la posibilidad de “aplazar o modificar en tiempo dichas restricciones” y dejarlas a las circunstancias orográficas y características particulares de cada región. Por ello, desde la Alianza consideran que la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, le corresponde actuar en consecuencia.
El secretario general de UPA Salamanca aseguró que desde la Alianza ya se le ha enviado “hace 15 días una carta donde pedíamos con urgencia” la intervención y aplazamiento de la Junta, ya que actualmente los ganaderos no pueden repartir purines como se venía haciendo hasta la fecha.
Y es que “la consejera tiene esa potestad, pero ni nos ha contestado a la Alianza a la solicitud en tiempo real de uno o dos años y la adaptación de la maquinaria a las circunstancias reales”, según detalló Guillermo González, por lo que han decidido llevar a cabo esta concentración. El secretario general de UPA afirmó que la Consejería de Agricultura es de muchísimo trabajo “y se le está acumulando a la consejera al ser portavoz del Gobierno”, lo que está provocando “una dejación de funciones, porque de lo contrario no tiene sentido que deje fuera de la ley a los ganaderos de toda la Comunidad Autónoma y principalmente a los de Salamanca, que es una provincia netamente ganadera”.
José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca y otro de los responsables de la Alianza, recordó que las máquinas que tienen los agricultores y ganaderos charros “reparten, la mayoría, purines en abanico” y que eso ahora queda fuera, por lo que habría que adaptar las máquinas, algo para lo que no hay tiempo.
Ese ha sido el principal motivo por el que piden a la consejera que aplique la excepcionalidad, ya que tiene la capacidad para aplicar la moratoria y se negocie con el sector, algo necesario, teniendo en cuenta especialmente la capacidad de las explotaciones, puesto que las hay más pequeñas con una capacidad de producción muy reducida de purines.
La nueva orden obliga a adaptar las máquinas, lo que supone un gran coste para los pequeños ganaderos
Como detalló José Manuel Cortés, la nueva ley obliga a cubrir los estiércoles sólidos en el más breve tiempo posible y soterrar los purines “con máquinas que la mayoría de nuestros agricultores y ganaderos no tienen”, ya que no se pueden tirar como se venía haciendo hasta ahora para utilizarlos como fertilizantes.
Y es que, según quiso resaltar el presidente de COAG, se necesitan nuevas máquinas más grandes o adaptar las ya existentes para cumplir esta normativa, lo que supondría una gran inversión, de más de 40.000 euros, lo que podría suponer el cierre para las explotaciones más pequeñas, generando así una situación complicada en el sector.
Además, José Manuel Cortés también lamentó que desde el pasado día 1 de enero, el Seprona puede multar a los ganaderos si realizan esta actividad, además de concurrir en una sanción de la PAC.
En noviembre se celebró un Consejo Agrario en Valladolid donde se plantearon todos estos problemas, pero no hubo respuesta a las solicitudes, tampoco en el celebrado hace apenas tres semanas.
Y es que este nuevo decreto puede afectar a la gran mayoría de ganaderos y explotaciones, más de 2.000, especialmente a los más pequeños, muchos de ellos afiliados de UPA-COAG, ya que no son empresas de servicio y utilizan estos sistemas, porque además los purines es “una cosa constante que no se puede almacenar durante todo un año”, recordó el presidente de COAG, ya que cuando los fosos se llenan se reparten.
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