El artículo 18 de la Ley Electoral de Castilla y León fija el número de procuradores que cada circunscripción tiene según sus habitantes. Así, este dice que, según lo dispuesto en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, “cada provincia constituirá una circunscripción electoral asignándose a cada una de ellas un número inicial de tres procuradores y uno más por cada cuarenta y cinco mil habitantes o fracción superior a veintidós mil quinientos”.
De esta manera, las Cortes de Castilla y León perderían representación por Salamanca. El padrón de la provincia a 1 de enero de 2015 era de 339.395, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas referentes a los diferentes padrones de los municipios. De esta manera, a los tres procuradores se le sumaban otros ocho al multiplicar por siete la cifra de 45.000 (315.000) y ser la cantidad restante superior a la fracción de 22.500.
Sin embargo, en los dos últimos años, también según la estadística del Padrón hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística a finales de diciembre, la pérdida de población, cercana a 6.000 personas, ha provocado que se pierda la elección de un procurador. Así, actualmente se encuentra en 333.603 por lo que esa cantidad restante, más allá de los 315.000, no llegaría a cubrir la fracción. De hecho, se quedaría en 18.603, a poco menos de 4.000 para recuperar el undécimo procurador.
En las últimas elecciones, el último procurador elegido fue el sexto que acabó consiguiendo el Partido Popular, cuyo escaño le corresponde a la exalcaldesa de Alba de Tormes, María Concepción Miguélez Simón. El resultado total fue el de seis procuradores para el PP, tres para el PSOE y uno que se repartieron Ciudadanos y Podemos.
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