En la operación Retosal, al arrestado y a los investigados se les considera supuestos responsables de varios delitos continuados de estafa y falsedad documental.
En total se han inspeccionado 40 vehículos, de los que han sido puestos a disposición judicial 14, al haberse detectado distintos tipos de falsificaciones, tanto en las documentaciones como en los propios coches.
El modo de proceder era la adquisición de vehículos de segunda mano que, tras realizarlos reformas –como el pintado, retroquelación de un nuevo número de bastidor falso y arreglo de algunas piezas-, hacían "más atractiva su compra".
Estos individuos "aprovechaban la condición de fabricantes autorizados" para expedir una nueva documentación para los vehículos, lo que retrasaba las inspecciones periódicas a que estaban obligados a pasar los coches por su antigüedad, dado que eran nuevamente matriculados.
El origen de la operación estuvo en la detección, por parte del Servicio de Industria de la Junta, de una serie de irregularidades en numerosos vehículos, cuyas inspecciones técnicas eran informadas como desfavorables, provocando su inmovilización, con el "grave perjuicio" a los legítimos dueños.
Sus propietarios, al no superar las inspecciones, sólo estaban autorizados a circular con los vehículos para acudir al taller y volver de nuevo a la estación ITV.
Vehículos antiguos
Cuando se desarrolló la investigación se pudo comprobar que una de las empresas implicadas adquiría, mediante distintas formas, vehículos usados sin importar la antigüedad, ya que luego en sus instalaciones eran “sometidos a un proceso de reformas para que pareciera que habían sido fabricados recientemente".
El paso siguiente era ofrecer, a un precio superior al de mercado de segunda mano e inferior al de nueva adquisición, realizándose las gestiones necesarias para ser matriculado como nuevo en la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, con lo que se legalizaba su circulación.
Fue cuando al pasar la ITV obligatoria, transcurridos los años establecidos para los nuevos o en las numerosas inspecciones realizadas por componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ávila, se detectaron los "numerosos desajustes entre las características técnicas de las documentaciones y las que realmente presentaban estos vehículos.
La operación policial ha sido desarrollada por efectivos del Equipo GIAT (Grupo de Información y Apoyo de Tráfico) de la Guardia Civil de Tráfico y agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ávila.
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