La Junta de Castilla y León ha elaborado la Estrategia de salud pública 2013-2015, que nace con un claro objetivo: preservar, proteger y promover la salud de los ciudadanos. Para ello, la Consejería de Sanidad pretende mantener y mejorar los niveles de bienestar y de salud de los ciudadanos, sin quedarse para ello únicamente en iniciativas y programas organizados y desarrollados por la Administración sanitaria, sino buscando la implicación de la sociedad castellana y leonesa en su conjunto.
 
Para llevarla a cabo, participarán más de 1.500 profesionales, en su mayoría farmacéuticos y veterinarios, que forman los servicios de salud pública de Castilla y León y desarrollan su trabajo en cada una de las zonas básicas de salud.
 
La salud pública, como concepto, se define como las actuaciones de diversa índole organizadas por las administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población, combinando para ello ciencias, habilidades y actitudes a través de acciones colectivas o sociales.
 
Las prestaciones de salud pública comprenden la promoción de la salud, su protección, la información y la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades, la ordenación y la inspección sanitaria, la seguridad alimentaria, la promoción y la protección de la salud ambiental, la ordenación y la inspección farmacéutica, la promoción y protección de la salud laboral y el control analítico en laboratorios, además de la puesta en marcha de acciones encaminadas a favorecer e incentivar la propia capacitación de la población para proteger su salud individual y mejorar su bienestar.
 
Desde esta situación de partida, la Junta de Castilla y León, en el ámbito de los compromisos en materia de política sanitaria para la presente legislatura, ha incluido la creación de esta Estrategia de salud pública 2013-2015, entendiéndola como un impulso para actuaciones que puedan influir positivamente sobre los determinantes de la salud de las personas.
 
Para ello y partiendo del III Plan de salud de Castilla y León, se han tenido en cuenta datos relativos a la estructura y densidad de la población, los indicadores económicos, niveles de estudios, la esperanza de vida, la mortalidad y la morbilidad, la percepción del estado de salud, los estilos de vida, la estructura de los recursos humanos dedicados a la prestación de salud pública, los programas de vacunación, los controles e inspecciones en el campo alimentario y ambiental, los recursos presupuestarios disponibles y, finalmente, las encuestas de opinión y satisfacción.

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