El 93% de los consumidores pide que las sanciones por fraude alimentario sean públicas

 El 93% de los consumidores pide que las sanciones por fraude alimentario sean públicas
El 93% de los consumidores pide que las sanciones por fraude alimentario sean públicas
Para conocer cómo valoran los consumidores la información sobre fraudes alimentarios y sus propuestas de mejora, Ceaccu  ha realizado un estudio de ámbito nacional a partir de una muestra representativa. El estudio se ha realizado con el método de “grupo de discusión” o “grupo focal”. En total han participado 220 personas. Una gran parte de los consumidores que participaron en el estudio (el 88%) consideran que los fraudes que se producen no transcienden o permanecen ocultos. Solo uno de cada diez piensa que sí se recibe información suficiente:

En la actualidad, las sanciones por fraude no son públicas. Es decir, cuando se demuestra que se ha producido un fraude alimentario y se impone una sanción, este hecho, así como la identidad del infractor permanecen en secreto. El 93% de los consumidores manifestaron su rechazo a esta situación. Desde hace décadas, Ceaccu viene exigiendo la publicidad de las sanciones en materia alimentaria, y así lo ha reclamado en los distintos trámites normativos en los que este asunto se ha regulado (el más reciente, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

Preguntados por quién, en general, proporciona información más fiable sobre fraudes alimentarios, el 64% señala a las asociaciones de consumidores como fuente más creíble, seguido de los medios de comunicación (19%). Menos creíble sería para las encuestados la información de las Administraciones (sólo un 17% confía en ellas). Las empresas, por su parte, no son en absoluto fiables para los consumidores consultados (0%).

En cuanto a la utilidad de la información, se considera que la información más práctica es la que facilitan las asociaciones de consumidores. Preguntados por la causa principal de las carencias en la información sobre fraudes alimentarios, los consumidores señalan mayoritariamente el peso que tienen los intereses empresariales frente al derecho a la información de los consumidores: Así lo manifiesta nada menos que el 85%.

Estas carencias en la información sobre fraudes alimentarios pasan factura: Ocho de cada diez consumidores estima que la poca transparencia y credibilidad de las fuentes oficiales favorece que se confíe menos en las informaciones que se transmiten cuando se produce una crisis alimentaria. Finalmente, preguntados por cómo mejorar la información sobre fraudes, solo un 5% confía en la eficacia de campañas de publicidad o promoción. Por el contrario el 65%, se entiende que solo con una mayor transparencia.

De hecho, los consumidores consideran que esta transparencia, tendría un efecto positivo adicional reduciendo los casos de fraude que se producen. El 98 % considera que, si el consumidor recibiese suficiente información de los fraudes alimentarios que se producen, se darían menos casos.

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