La Comisión Permanente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha acordado, en su última reunión, rechazar enérgicamente la Ley de Tasas judiciales cuya publicación se ha efectuado en el BOE el pasado 21 de noviembre. Así, insta a los decanos a no cejar en su presión contra la implantación del denominado 'tasazo', organizando nuevas protestas este miércoles a las 13.30 horas, a las que se anima a los letrados a acudir vestidos con sus togas, para a continuación, si el número de asistentes fuera significativo, dirigirse a la sede de la Subdelegación de Gobierno .
 
Al tratarse de una Ley rechazada unánimemente por todos los colectivos que integran la Justicia, consideran conveniente invitar al resto de operadores jurídicos a participar, para hacer ver al Ejecutivo que los abogados no están solos en la protesta. Los colegios han difundido, además, entre sus colegiados, un comunicado de la Abogacía Española en el que se plantean varias opciones de actuación por parte de los abogados al respecto de la que consideran “abusiva” implantación de las tasas. En el comunicado, la Abogacía propone impugnar las tasas, bien negándose a su pago y planteando simultáneamente Cuestión de Inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, -lo que paraliza el procedimiento hasta su resolución por el juez o tribunal-, bien  pagando la tasa e interponiendo Reclamación Económico-Administrativa.
 
Por otro lado, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mantenido reuniones con Cándido Méndez, secretario general del sindicato UGT, Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, y Francisco Lama, presidente nacional del área de Justicia del sindicato de funcionarios CSIF, a los que seguirán otros encuentros con CCOO y otras organizaciones. Durante los mismos, sindicatos, consumidores y funcionarios han acordado poner en marcha una Plataforma conjunta con la Abogacía para analizar la situación actual de la Justicia y mostrar su rechazo por la incidencia negativa de la Ley de Tasas Judiciales en el Derecho de Defensa de todos los ciudadanos.

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