Por otra parte, la Asociación de Consumidores Independientes de Salamanca nace del convencimiento de que los propios consumidores deben jugar un papel importante en el desarrollo del país, “exigiendo a las instituciones públicas, a las que pagamos y cuyos servicios consumimos, un perfecto funcionamiento”. Añaden desde ACISA “que esto ha de suponer un paso cualitativo muy importante en el papel a jugar por las asociaciones en defensa de los derechos de los consumidores. No solo debemos exigirle a los productores y fabricantes el cumplimiento de la normativa de los productos que les consumimos y les pagamos, se trata ahora de exigirle a esas instituciones públicas, a las que también pagamos y cuyos servicios y decisiones consumimos y nos afectan a todos, el cumplimiento de sus cargos con capacidad y profesionalidad.
Actualmente, esta asociación tiene abiertas varias campañas activas en defensa de los consumidores. Por un lado, preferentes y subordinadas. Por otro, las cláusulas de suelo, cláusulas abusivas o la propia intervención de Fórum y Afinsa. Rafael Sánchez, presidente de ACISA, se refiere más especialmente al caso de los afectados por la intervención de Fórum y Afinsa. “Aquí lo que había era unas empresas que actuaban como empresas no financieras y de la noche a la mañana las intervienen y el único motivo que se aducen es que eran empresas financieras y que como son operaciones financieras sus obligaciones son operaciones financieras y se tienen que contabilizar como préstamos. Sin embargo, la ley decía que eran empresas no financieras y la normativa contable decía que las operaciones debían ser contabilizadas como ventas. Es decir, que las operaciones estaban bien contabilizadas y eran operaciones no financieras. Entonces, si no hay estafa y no están las empresas en quiebra, lo más lógico es que se hubiese vuelto a la situación inicial”, afirma.
“Esto no fue así, todo lo contrario. Una sentencia dijo que realmente eran empresas no financieras en 2011, pero dijeron que el Estado no tenía que devolverle su dinero a las personas que lo habían perdido. A pesar de la incongruencia, dijeron que serían los propios afectados particulares los que deberían asumir las pérdidas de intervención”, añade Sánchez. En la provincia de Salamanca, según datos facilitados por la asociación, habría hasta 2.500 afectados por Afinsa y 1.800 por Fórum. Trabajamos actualmente con 400 personas. Desde ACISA luchan porque se cierren los procesos de instrucción, abiertos en mayo de 2006, en busca de pruebas por la intervención “y todavía no las han encontrado porque no las hay después de ocho años”. “Nosotros tenemos que luchar para que se haga justicia con los afectados”.
Finalmente, Rafael Sánchez percibe cierta desesperanza en los afectados, la mayoría mayores de 60 años que contaban con la única intención de poseer unos ahorros en su jubilación. No obstante anima a participar de la Asociación de Consumidores Independientes de Salamanca, cuya ventaja cuenta con el ofrecimiento altruista de información para encauzar las vías para la recuperación del dinero. “Aquí no nos olvidamos del tema”, asegura.
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