La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP) advierte de la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en cascada en las administraciones locales que se podrían suceder una vez que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central lo permite, algo que no podía ocurrir hasta ahora, que se planteaban únicamente en el ámbito privada. Así lo aseguró el secretario de Acción Sindical de la FSP-UGT, Tomás Pérez, quien recordó que ya la Diputación de Valladolid propuso un expediente de regulación de empleo que no pudo sacar adelante.
Por este motivo, pidió la asistencia de todos los empleados públicos, tanto de las administraciones como de la sanidad, la educación o aquellos que trabajan en la prestación de servicios sociales, a una protesta que se celebrará el 28 de febrero ante las Cortes de Castilla y León. El sindicato explicó que la crisis afecta a las administraciones locales de tal forma que provoca recortes, lo que sumado a la “cantidad de competencias impropias”, muchos consistorios encuentran “complicaciones económicas que repercutirán en su futuro y, por lo tanto, en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos”.
Según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre el 30 y el 40 por ciento de los trabajadores de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes es personal no fijo “que carece de estabilidad laboral, en precario” y que podrían estar en peligro por “decretazos y expedientes de regulación de empleo”. La mayor parte de ello perciben 900 euros de salario y se vieron afectados por el cinco por ciento de recorte de su salario, “pero en época de bonanza no se les tuvo en cuenta”.
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