"Tiene dos diferencias sustánciales respecto a la anterior, la primera es que esta línea será por dos años, tiempo insuficiente si tenemos en cuenta la velocidad a la que se desarrolla la justicia en este país, llevamos siete años ya y los jueces instructores siguen buscando pruebas, cuando lo razonable es que las tuvieran antes de intervenir", explica uno de los salmantinos afectados. Y añade: "La segunda diferencia es que tiene intereses, así el tipo de interés aplicable será variable, referenciado al euríbor seis meses, más el diferencial cotizado por el ICO para el plazo de dos años. Aunque la amortización de principal y liquidación de intereses será a vencimiento". En resumen, fuera ya de tiempo se aprueba “una línea que no es nada”.
Los afectados por la estafa denuncian que la intervención por parte del Gobierno ha sido deplorable, 2de un desprecio absoluto más aún si tenemos en cuenta que desde el minuto uno de la intervención, el Partido Popular en general y el señor Mariano Rajoy en particular siempre manifestó que la intervención llevada a cabo por el Gobierno del Partido Socialista había sido una aberración pues se trataba de empresas mercantiles, perfectamente legales, y sus operaciones meras compra-ventas de bienes, como posteriormente se ha reconocido en las Sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de 2010".
A su juicio, "si estuviéramos en el Reino Unido, tamaña injusticia se hubiera saldado, no solo con la devolución de lo intervenido de forma instantánea, sino con un reconocimiento público, unas disculpas en la Cámara Baja por el terrible daño causado a 500.000 personas inocentes por parte de las instituciones del Estado, que sabiendo que eran Mercantiles desde siempre, no dudaron en intervenirlas con la excusa de que creían que eran financieras. Curiosamente lo mismo que el Fondo Buitre norteamericano que les solicitó la intervención el verano de 2005, en carta dirigida a la Fiscalía fechada el 27 de julio de 2005 y que casualmente se hizo multimillonario a los pocos días que los Jueces de instrucción intervinieran Afinsa y Forúm el 7 de mayo de 2006".
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