Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra civil y el franquismo, que se encuentran con las puertas de la justicia cerradas en España, se ven forzadas a buscar la verdad, justicia y reparación en otros países. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, cuando presenta, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una querella en México para que se inicie un proceso de investigación.
Las organizaciones entregaron el pasado 26 de enero en la Procuraduría General de la República (PGR) de México una denuncia por la desaparición de Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario de 27 años, que tuvo lugar en agosto de 1936 en Medina del Campo, Valladolid. Félix fue detenido el 28 de julio y desapareció el 15 de agosto al ser trasladado a otra prisión, según lo reconocido por las mismas autoridades. La querella denuncia que se cometió un delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que a día de hoy, se desconoce la suerte o el paradero de Félix y no se ha realizado ninguna investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer los hechos.
"España ni investiga ni permite a otros países investigar estos terribles crímenes, como hemos visto con la querella argentina, por lo que es necesario explorar otras vías", ha declarado Luis García López, portavoz de Amnistía Internacional Salamanca. "Esperamos y confiamos en que México nos apoye a la hora de obtener lo que las víctimas llevan años buscando: conocer el paradero de sus familiares y acceder a la justicia y la reparación", añade.
?Desde hace años venimos buscando la verdad y esperamos que la justicia mexicana nos ayude a encontrarla, ya que, como miles de familias de desaparecidos en España, no hemos contado con el apoyo de las instituciones españolas para obtener información?, ha declarado Anaïs Huerta, la denunciante que actualmente reside en México y que emprendió, junto con su padre, un proceso de búsqueda de su familiar hace ya cinco años.
Legislación con posibles competencias
Las organizaciones resaltaron que durante esta investigación que se busca impulsar en México, el Gobierno español, debe colaborar plenamente en cualquier solicitud de asistencia jurídica mutua en materia penal emitida por autoridades mexicanas que decidan investigar estos crímenes cometidos en España. ?El Estado español debe dejar de lado las excusas y aceptar sus obligaciones internacionales: son ya más de 40 años sin avances?, denuncia Luis García López, portavoz de Amnistía Internacional España.
México se sitúa como un actor relevante para ayudar a luchar contra la impunidad de estas violaciones de derechos humanos. Por un lado, cuenta con una legislación adecuada que permitiría la investigación de estos casos. Tanto la reforma constitucional de 2011, que establece que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales tienen vigencia plena en el país y deben ser respetados por todas las autoridades; como el hecho de que ha reconocido el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana, le colocan en una situación interesante que habilitaría la investigación de estas graves violaciones de derechos humanos.
?Esta es una oportunidad para que México, donde más de 27.000 personas se encuentran desaparecidos, impulse un cambio e investigue las graves violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, tanto en el propio como en otros países?, ha asegurado Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.
En España, la tendencia al archivo de los casos se ha consolidado después de que en 2012 el Tribunal Supremo se amparara en varios argumentos que podrían impedir a los jueces investigar. Entre ellos, la existencia de la ley de Amnistía, la posibilidad de la prescripción del delito o que los crímenes no estuvieran tipificados como tal en el momento en que tuvieron lugar, el presunto fallecimiento de los autores o la Ley de Memoria Histórica.
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