El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL) denuncia que las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles, con los votos de PP y UPL, la Ley de la Autoridad del Profesorado sin que se haya consultado a la comunidad educativa. "No han llamado para recabar sus opiniones a los representantes de las familias y del alumnado, ni al profesorado al que alude la Ley, para recabar su opinión sobre el proyecto que ha debatido en los últimos meses. Lo que parece sintomático del escaso reconocimiento a su trabajo y a sus opiniones", afirma en un comunicado.
El sindicato considera que se trata de "una ley jurídicamente controvertida, que, al igual que sucede con el reconocimiento de la Lomce, no aporta nada verdaderamente nuevo ni para la mejora del clima escolar en los centros educativos, ni para la protección jurídica al profesorado, ni tampoco para promover la consideración social del trabajo del profesorado y el refuerzo de su profesionalidad”.
Además, el sindicato considera que estas normas, “tal y como está sucediendo en comunidades donde ya se han aprobado, no tienen efectos reales en la vida diaria de los centros educativos y pretenden servir de cortina de humo frente a otros problemas de la educación en España y en Castilla y León, a la que se está sometiendo a reformas impuestas y a los más intensos recortes en sus presupuestos. Se trata de una ley que no se cree el profesorado, al que su ministro y secretaria de Estado en estos últimos cursos no cesan con muchas de sus declaraciones de desacreditar y desautorizar”.
Por eso, STECyL reclama un mayor reconocimiento social por parte de las familias, del alumnado, de la administración y de la sociedad en su conjunto hacia el trabajo de los docentes. "No queremos ni porras ni gorras, pedimos respeto, reconocimiento, medios suficientes y condiciones adecuadas para hacer nuestro trabajo, lo que escasea a día de hoy con las políticas de recortes e imposiciones en las (contra) reformas. Sabemos además que la autoridad hay que ganársela en las aulas con nuestra práctica diaria y en ello nos esforzamos una mayoría. También lo hacemos con nuestra formación permanente, escasa en medios ahora y en reconocimiento siempre. Pero además necesitamos el aprecio y el respeto a nuestro trabajo y autoridad profesional por parte de las familias y la administración y también más y mejor formación permanente y más medios para abordar en mejores condiciones la complejidad de la docencia la actualidad".
ANPE
Por su parte, el sindicato ANPE mostró su satisfacción por la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado en las Cortes de Castilla y León y aseguró que se trata de una norma que será beneficiosa no solo para los profesores, sino también para los propios alumnos y sus familias. Desde el sindicato independiente de educación se argumenta que “cualquier sistema educativo, para que sea efectivo, debe tener claramente delimitadas las normas y los límites, con las figuras de referencia bien definidas. Esto permitirá que la actividad docente se desarrolle un clima de convivencia que repercutirá positivamente en el desarrollo personal y académico de los alumnos”.
Aún así ANPE critica la falta la asistencia psicológica gratuita para los docentes que están siendo víctimas de insultos, vejaciones, amenazas o agresiones, “puesto que este tipo de acciones tienen un elevado coste emocional para quien lo sufre. La administración educativa ha perdido una extraordinaria ocasión para demostrar que se preocupa por la salud mental de sus trabajadores y atender a esos docentes que la Administración deja en desamparo al no preocuparse de sus problemas afectivos derivados de las situaciones conflictivas que se producen en el aula”.
CSI-F
Mientras, desde el Sector de Enseñanza de CSI-F Castilla y León agradecen que al fin vea la luz una de sus reivindicaciones históricas, que espera contribuya a mejorar las condiciones laborales del profesorado y, además, la calidad del sistema educativo. Sin embargo, la esperaban mucho antes, puesto que las reuniones de Mesa Sectorial de Educación en la que se trató este tema datan del 24 de febrero y 3 de abril de 2012.
Argumenta el sindicato que, según el Informe del Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León del curso 2011/2012, el último con el que se cuentan datos, las incidencias relacionadas con el desarrollo de las tareas académicas, “disrupción escolar”, son el principal problema de convivencia en las aulas, no en vano el 79% de las incidencias corresponden a este apartado. "Nos estamos refiriendo no a las graves agresiones al profesorado que causan portadas de prensa, sino al goteo diario de agresiones que sufre un importante número de profesores, tales como insultos, desprecios, desobediencias, descalificaciones, etcétera. Está claro que el profesorado necesita una solución al problema de convivencia escolar que afecta a la autoridad del profesorado y dificulta el desarrollo de las tareas educativas, en general"
Sin embargo, CSI-F entiende que esta Ley debería aplicarse sólo a los funcionarios docentes. "Los centros privados-concertados han hecho gala del oscurantismo más absoluto en los casos de violencia de alta y baja intensidad y han dejado entrever a la sociedad que en sus centros no existen problemas de convivencia, por lo tanto desde CSI·F exigimos que expliquen a la sociedad cuáles son los problemas que ellos han de solucionar con esta Ley", añade.
Y concluye que esta Ley debe ir acompañada de otra serie de medidas que vayan en la misma dirección, que actúen de cara a la concienciación de los alumnos, de los padres y de la sociedad en general y que sitúen al profesorado en el lugar que le corresponde socialmente por la importancia de su trabajo y por la responsabilidad que soporta. "Esta responsabilidad ha de redundar en beneficio de la mejora de sus condiciones laborales. A nadie se le escapa que todos los problemas escolares, no sólo la sana convivencia en las aulas, se realiza mejor con 20 alumnos que con 35 y que habría menos problemas de convivencia si la Administración quisiera, de una vez por todas permitir la sustitución de un docente enfermo o con permiso para ausentarse al día siguiente como mucho. CSI·F seguirá luchando por recuperar lo nuestro".
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