Las Cortes han aprobado con los votos de la mayoría del Grupo Popular y en contra de la oposición, compuesto por PSOE, IU y UPL, el proyecto de ley de Medidas por el que a partir del 1 de marzo subirá el precio del combustible en 4,8 céntimos de euro, se gravará con un tributo medioambiental a las empresas eléctricas y eliminación de residuos y se aumenta la jornada de los 87.000 empleados públicos en 2,5 horas, hasta las 37,5, si bien esto será desde abril, excepto para los docentes, que será con el inicio del próximo curso.
La ley pasó el tramite del pleno sin ningún retoque de importancia, ya que el Grupo Popular rechazó las 154 enmiendas que seguían vivas para el debate, y sólo se transaccionó una de UPL, con la abstención del Grupo Socialista por entender que el acuerdo sólo es con un sindicato, el médico, y otra técnica firmada por los tres grupos, relativa a la redacción de Cylog y Sotur. En la transacción se recogen los acuerdos sobre la regulación de la jornada laboral de los empleados públicos conforme se aprobó en la mesa sectorial y mesa de la función pública, que flexibiliza cómo cumplen los sanitarios las 2,5 horas más, y la el carácter temporal de las 37,5 horas hasta que el PIB crezca un 2,5 por ciento.
En el texto sí han tenido entrada las 51 enmiendas del Grupo Popular, donde se incluye la devolución del 50 por ciento del IVA del combustible al sector del transporte, la fusión de la empresa pública Sotur con la Fundación Siglo o la retirada de limitar en 25 metros la distancia entre los establecimientos hosteleros.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, subió a la tribuna, al inicio del debate, para defender el carácter coyuntural de algunas de las medidas e insistir que su objetivo es contribuir a la sostenibilidad de los servicios públicos, sin que tengan un carácter puramente económico como será el próximo presupuesto. Del Olmo recalcó cómo está el escenario económico, en referencia a la recesión que apunta la Comisión Europea para España, que se puede agravar con la evolución de la deuda soberana, aunque precisó que no quería alarmar, sino reconocer la situación especial que vivimos.
Caída de enmiendas
En el debate, los grupos de la oposición se mostraron muy críticos por las medidas que conlleva la aplicación de esta ley. Así, el socialista José Francisco Martín, que vio como se tumbaban sus 82 enmiendas, tildó de “bodrio” este proyecto y subrayó que su vigencia será de tres meses, hasta que la Junta acompañe otro nuevo con los presupuestos que prevé remitir a la Cámara en abril. Martín contrapuso el modelo fiscal de su grupo frente al del Grupo Popular y recordó que su alternativa trata de aplicar la máxima del presidente de la Junta de que “paguen más los que más tienen”.
La misma suerte corrieron ocho enmiendas del leonesista Alejandro Valderas y 64 de José María González de IU. Todos ellos criticaron que la ampliación de la jornada de los empleados públicos se haya traído a las Cortes sin acuerdo en el seno del diálogo social, mientras que desde las filas del PP, tanto Fernández Carriedo como Salvador Cruz y la consejeras, recalcaron que han estado abiertos al acuerdo hasta el final y han recogido las propuestas de algunos sindicatos.
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