El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España que pretende dar respuesta a las necesidades sociales, mejorando la eficacia de nuestro sistema de protección y dirigiéndolo a las personas más vulnerables. El Plan elaborado en colaboración con Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, es un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación. Se trata del primer Plan de Inclusión de cuantos se han puesto en marcha en España que responde únicamente al compromiso político del Gobierno y no a un mandato de la Unión Europea.
El Plan parte de una radiografía completa y actualizada de las situaciones de pobreza y exclusión en España. Es evidente que la crisis ha repercutido en la capacidad económica de muchas familias, por lo que el Gobierno ha considerado necesario contar con este instrumento. Se ha articulado en 240 medidas, divididas en tres ejes estratégicos y un apartado específico dirigido a los grupos de población más vulnerables. Los tres ejes son el empleo, la garantía de rentas mínimas y unos servicios básicos de calidad, especialmente para las personas con dificultades económicas.
Impulso de la inclusión a través del empleo
Este primer eje figura orientado, entre otras cosas, a la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Para los jóvenes ya se han marcha la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y, en este marco, se pondrá en marcha un Portal Único de Empleo. Para los mayores de 45 años se reforzarán los programas de reciclaje profesional. Además, se consolidará la iniciativa Empresas Por una Sociedad Libre de Violencia de Género, a la que ya se han adherido 34 empresas y con la que han conseguido un empleo 477 mujeres.
Garantía de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables
En este contexto, se dará continuidad y se adaptará el programa PREPARA, que se mantendrá automáticamente en períodos de seis meses hasta que el desempleo baje del 20 por 100. Además, está prevista la reorganización de las prestaciones no contributivas para mejorar evitar lagunas de cobertura, con una mayor coordinación de la información para incrementar su eficacia.
Compromiso con los servicios básicos, enfocados a la población más desfavorecida
En el ámbito de la educación, entre otras medidas, se impulsará la creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos; también la progresiva incorporación de la FP Dual, una medida también enmarcada en el eje del Empleo. El Plan propone incluir en los baremos de admisión en las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil la valoración del riesgo de exclusión social.
En el de la Sanidad, se seguirán garantizando los medicamentos de manera gratuita a los parados de larga duración y otros colectivos con bajos ingresos, como los perceptores de rentas mínimas de inserción. Además, el Ministerio trabaja en un Espacio Sociosanitario Común, que mejorará la coordinación de los servicios sanitarios y sociales.
En Vivienda, el Plan contempla el apoyo a las familias con dificultades en el pago de la hipoteca. La Ley de protección a los deudores hipotecarios ya prevé la suspensión inmediata y por dos años de los desahucios a las familias en situación de especial riesgo de exclusión. Además, se consolidará el Fondo Social de Viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas a ofrecer cobertura a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual por el impago de la hipoteca. En Nuevas Tecnologías se pondrá en marcha el Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad, para dar acceso a Internet y a las TIC a las personas con pocos recursos.
Pobreza infantil
Este Plan de Inclusión el primero que incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, también por primera vez, el Gobierno cuenta con un Fondo Extraordinario de diecisiete millones de euros, íntegramente dedicado a luchar contra la pobreza infantil. Para evitar que los niños se vean perjudicados por las dificultades económicas de las familias, está previsto reforzar la atención a los hogares con hijos en situación de privación material severa, a través de los servicios sociales. No se hará sólo con este Fondo, sino que ya se ha puesto en marcha, junto con las entidades sociales, un Plan de Urgencia Social, dotado para este año con veinte millones de euros, que está orientado a atender las situaciones de extrema necesidad de las familias, en especial las que tienen hijos menores.
Además, también junto con las entidades del Tercer Sector, se han aprobado numerosos proyectos financiados con cargo al IRPF orientados a la protección de los derechos de la infancia, prevención del maltrato infantil y para menores en dificultades, así como actuaciones para reforzar la ayuda a sus familias. En esta convocatoria han sido prioritarios, contarán con 25,6 millones de euros y está previsto que se mantengan. Asimismo, se va a gestionar el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que facilita alimentos a las familias que los necesitan y que cuenta ya con cuarenta millones de euros sólo para el primer semestre de 2014
Por otra parte, se garantizará que la pobreza no sea la única justificación para una declaración de desamparo de los menores, con lo que se dará prioridad a la permanencia en la familia de origen. También se reforzará el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos a niños de familias vulnerables, cuando estén reconocidos en resolución judicial y se produzcan impagos.
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