La compañía Wolters Kluwer y la patronal CEOE, en colaboración con la Fundación Impuestos y Competitividad (Fundación IC), difundieron entre 10.000 asesores fiscales y directores financieros de pymes una encuesta sobre el sistema tributario español. En una primera fase de este proyecto se sondeó a los directores financieros de 220 grandes empresas españolas, incluidas las del Ibex 35. En una segunda fase se recabó la opinión acerca del sistema tributario español de los profesionales de la asesoría fiscal en despachos y pequeñas empresas.
Al analizar el plano normativo, se ha comprobado que la opinión más generalizada entre los expertos tributarios (85%) es que el grado de estabilidad en las normas fiscales es escaso: siete de cada diez entrevistados opinan que el grado de estabilidad de las normas fiscales es poco, y un 15% que ninguno; resultado casi idéntico al obtenido en la encuesta a grandes empresas. Abundando en este punto, la mayoría ha considerado que la falta de certeza por posibles cambios de normas, es un elemento que entorpece o reduce las decisiones de inversión de las empresas bastante (58%) o mucho (24%).
Al plantear si se considera necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias, casi la totalidad de los entrevistados (98%) se muestra a favor de tal simplificación. En las cuatro categorías en las que se distingue a los entrevistados (empresa, asesor por cuenta propia, consultoría y asociaciones patronales), se da una coincidencia prácticamente absoluta en este juicio de valor. En cuanto al análisis de la aplicación del sistema tributario, existe una clara división de opiniones sobre el cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos, ya que son similares las proporciones de respuestas en los dos extremos; para unos el cumplimiento es poco o ninguno (52%), mientras que para otros es bastante o mucho.
Cuando se alude al cumplimiento de los plazos por los Tribunales de Justicia es unánime la opinión de que los plazos se extienden excesivamente y el 87% opina que hay poco o ningún cumplimiento. Sin embargo los recursos contencioso-administrativos son mayoritariamente vistos como un procedimiento de bastante o mucha utilidad (54%). Para terminar, es significativo el dato de que casi nueve de cada diez entrevistados opinan que sería conveniente la introducción de mecanismos alternativos a los existentes para la resolución de conflictos, como por ejemplo los procedimientos arbitrales (89%).
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