Una comisión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha reunido en la Dirección General de la Guardia Civil, para tratar la situación en la que van a quedar los agentes que en los próximos meses perderán su actual destino, seguridad en las prisiones, al haber decidido el Gobierno privatizar este servicio.
AUGC ha vuelto a trasladar su preocupación por el impacto negativo tanto laboral como familiar que esta decisión política va a tener en los guardias civiles afectados, además de su postura contraria a dicha privatización. "Ya que, si de lo que se trata es de paliar la falta de personal (se ha reducido considerablemente la oferta de empleo público y sólo se “repondrá” una de cada diez bajas) en la actualidad, como ha denunciado reiteradamente AUGC, hay más de 1.200 guardias civiles realizando labores de fontanería, electricidad, pintura, etc y que pueden y deben ser recuperados para su profesión policial", según explica en un comunicado.
Una vez tomada la decisión de privatizar la seguridad, para dar salida a los escoltas del País Vasco que tras el fin de ETA ya no realizan protecciones a políticos y autoridades, "a AUGC sólo le queda velar y vigilar por el futuro profesional de los compañeros afectados. Reiterando que la postura de la Organización con mayor representación en el Consejo, es totalmente contraria a esta privatización. Y así se le ha trasladado esta mañana a la Direccion General. Por parte de la Dirección General de la Guardia Civil se ha asegurado a los representantes de AUGC que de llevarse a cabo la privatización se hará de forma paulatina e intentando en lo menos posible que afecte a los agentes y a sus familias. Y se aseguró que incluso habrá algunas unidades que no se verán afectadas", concluye el comunicado.
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