Esta asociación, como muchas otras en toda España, instó a Garzón a que iniciara ese procedimiento, a la vez que le aportó documentación acreditativa de la violencia represiva durante la Guerra Civil y la época franquista en la provincia de Salamanca. Esa información es pública y puede consultarse en la página web www.salamancamemoriayjusticia.org, donde se verá que comprende más de 1.100 víctimas mortales de la represión, la mayoría asesinados sin proceso judicial, así como varios miles más de represaliados políticos.
"Ninguno de estos casos ha sido tratado judicialmente y aún hoy son muchos los enterramientos clandestinos pendientes de localización y de exhumación por toda España, siendo nuestro país una excepción en el panorama internacional a ese respecto. De ahí el gran interés que suscitó en su momento la posibilidad de que el poder judicial pudiera al menos acreditar la magnitud de los crímenes cometidos, que sin exageración pueden conceptuarse como genocidio", explica la asociación.
Luis Calvo Rengel, presidente de honor de asociación, prestará declaración en el juicio como testimonio de la defensa de Garzón. Su voz, junto con la de tantas otras víctimas o familiares de víctimas, pondrá en evidencia lo absurdo de este caso, que sería un nuevo ejemplo de la “justicia al revés” de que hablaba Serrano Suñer en otro tiempo. "A 75 años de la sublevación fascista que dio paso a esta trágica realidad resulta vergonzoso que una sociedad democrática tolere el sometimiento de la justicia a las inercias estamentales e ideológicas del franquismo. El juez Garzón vendría a ser una víctima más de éste si la opinión pública española no logra que prevalezcan la verdad y la justicia", concluye la asociación.
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