Asociaciones de consumidores denuncian "la incapacidad del Gobierno para gestionar los recursos"

 Asociaciones de consumidores denuncian "la incapacidad del Gobierno para gestionar los recursos"
Asociaciones de consumidores denuncian "la incapacidad del Gobierno para gestionar los recursos"
Facua-Consumidores en Acción rechaza tajantemente la privatización del Registro Civil, cuyas funciones pasarán a ser competencia del Colegio de Registradores. La asociación exige la completa retirada de esta medida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y critica la incapacidad del Gobierno que preside Mariano Rajoy para gestionar los recursos públicos. Para Facua, la falta de información y consulta a agentes sociales como las asociaciones de consumidores para la redacción de la reforma están sembrando la incertidumbre entre los ciudadanos y los propios trabajadores de los registros.
 
La asociación pide al Ejecutivo que aclare quién asumirá el coste de inscripciones o certificaciones de trámites como matrimonios, nacimientos o defunciones, que hasta ahora eran financiados por los ciudadanos a través de sus impuestos. A pesar de que Justicia afirmara en octubre que estos trámites no acarrearían ningún coste para los usuarios, Facua recela de que la reforma pueda esconder el pago de trámites que pasen desapercibidos en un principio para la ciudadanía.
 
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que aunque los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, no cobran de los presupuestos del Estado sino que sus ingresos provienen de unos aranceles que cobran a quien solicita sus servicios. “Este sistema ha provocado múltiples abusos por parte de los registradores de la propiedad, ya que son ellos mismos los que interpretan las normas que regulan sus ingresos. Dicha interpretación siempre es a su favor y en contra de los intereses del consumidor, que a menudo acaba pagando más de lo que corresponde”, denuncia la OCU.
 
Una prueba de esto son los análisis de minutas realizados, en los que se ha comprobado que en muchas ocasiones los registradores cobran más de lo debido. El caso más reciente es el cobro excesivo en las cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007, denunciado en septiembre de 2011. Tras revisar minutas notariales y registrales se comprobó que tanto notarios como registradores estaban cobrando de más a los usuarios. En el caso de los registradores, el importe establecido en el arancel ascendía a 24 euros, pero los registradores estaban cobrando de media más de 140 euros.
 
La OCU denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia, y ambos los han respaldado. “Estamos totalmente en contra de que las funciones Registro Civil pasen a manos de los registradores de la propiedad y consideramos que los servicios prestados, al ser de carácter obligatorio para el ciudadano, deben seguir siendo gratuitos. Como hemos podido comprobar, la actuación de los registradores dista de ser ejemplar, sobre todo en tiempos en los que la crisis inmobiliaria ha reducido drásticamente la compra de inmuebles, de la que dependen en gran parte sus ingresos”, concluye la organización.

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