El dictamen del borrador de anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), denominado LOMCE, en el seno del Consejo Escolar del Estado, ha terminado en polémica. CEAPA considera que la responsabilidad de lo sucedido es del Presidente del Consejo Escolar del Estado que, apoyándose en un inaceptable informe de la Abogacía del Estado que se ha realizado desde un punto de vista político y no jurídico, ha vetado a la organización STES-i, que representa al profesorado de la escuela pública junto con otras organizaciones sindicales, la posibilidad de presentar y defender un dictamen alternativo, por lo que queda invalidado para estar al frente del cargo, puesto que ha perdido su necesaria neutralidad. La posibilidad de presentar dictámenes alternativos está establecida en el reglamento del Consejo para oponer al dictamen oficial textos que quieran fundamentarse de forma distinta a éste último.
 
El representante de STES-i, ha explicado las razones que les llevaban a no poder aceptar bajo ningún concepto la situación que se estaba dando, entre otras cosas, por ser la primera vez que se produce dicho veto en la historia del Consejo Escolar del Estado, siendo este hecho de suma gravedad, pues supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión de los miembros del Consejo y, por tanto, un atentado directo al Estado de Derecho y, por ello, a los propios fundamentos de nuestra Democracia.
 
STES-i ha solicitado la solidaridad del resto de Consejeros y Consejeras para abandonar el Pleno y no ser cómplices de la situación. Junto con ellos, han abandonado el Pleno, además de CEAPA por supuesto, representantes del alumnado (CANAE y Sindicato de Estudiantes), del profesorado y resto de trabajadores (CCOO, UGT, CIG, ELA/STV) y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. La salida de estas organizaciones ha dejado al Consejo Escolar del Estado sin casi ningún representante de la escuela pública, tramitándose el anteproyecto desde ese momento con la presencia casi exclusiva de los representantes del Ministerio y las distintas Administraciones, así como con las organizaciones afines a la ideología que sustenta la reforma planteada.
 
Por tanto, el dictamen que surja de la reunión de hoy está tan deslegitimado como la propia reforma, máxime después de conocer que el texto será sustancialmente modificado por los representantes de los Gobiernos autonómicos, que han hecho frenar el calendario previsto por el Ministerio para incluir cuestiones de profundo sesgo ideológico que echaban en falta en el anteproyecto, por lo que el borrador definitivo de anteproyecto será incluso más dañino que el actual para el sistema educativo español en su conjunto y para la escuela pública en particular. Esto supone, además, que se la hurta al Consejo Escolar del Estado la posibilidad de debatir y dictaminar el texto real que se presentará al trámite parlamentario.
 
Todo lo sucedido hasta el momento exige la paralización inmediata de la reforma educativa, la retirada del anteproyecto existente, la apertura de un proceso real de diálogo, debate y búsqueda de consenso, junto con el imprescindible cese del Ministro de Educación, y de todo su equipo, para que pueda darse un nuevo escenario que pueda aceptar la Comunidad Educativa y, por extensión, toda la sociedad española.

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