Ante las declaraciones realizadas el pasado 26 de noviembre, en Cáceres, por los alcaldes de las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, la Asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones por la Defensa del Patrimonio de Castilla y León manifiestan "que las asociaciones recogen en sus Estatutos como fines fundamentales, procurar la conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural".
Y recuerdan que la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León recogen la obligación de los ciudadanos para con su Patrimonio, como así aparece en numerosos documentos y cartas nacionales e internacionales, “es indispensable la concienciación y la participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio". Por eso, añaden que "los escritos o denuncias que estas asociaciones puedan hacer ante los organismos pertinentes, en el caso de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad ante la Unesco, se ajustan en todo momento a los criterios recogidos en las citadas leyes de Patrimonio y documentos internacionales. Aportando en cada ocasión información accesible para cualquier ciudadano: documentos públicos, fotografías... De ahí, su credibilidad".
Por eso, reclaman "el amparo de todas las instituciones y organismos implicados en la protección del Patrimonio, para que no permitan que se dude de la rectitud que mueve cada una de las actuaciones de estas asociaciones, legalmente constituidas con el único fin de proteger y conservar nuestro Patrimonio. Que los alcaldes y concejales antes de encargar proyectos que puedan dañar el Patrimonio o hacer peligrar la integridad y autenticidad de la ciudad histórica y de la declarada Patrimonio de la Humanidad, con el consiguiente gasto que muchas de esas acciones conllevan, cumplan los convenios internacionales y se aseguren de que obran en todo momento conforme a la ley, sobre todo en materia arqueológica".
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