A juicio de los funcionarios, "estos datos son un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo en las diferentes administraciones, y en concreto en educación y sanidad, con una proporción del 80-20 por ciento entre sector público y privado". CSI-F lanza de nuevo una voz de alarma "ante el progresivo deterioro que se está produciendo en los servicios públicos que reciben los ciudadanos y desde luego, la calidad y la estabilidad de los empleados al servicio de las diferentes administraciones".
Así, considera que el Gobierno está modificando el modelo de administración de manera encubierta y la destrucción de empleo público es superior a la de otros países de nuestro entorno que han sido intervenidos, por la vía de la suspensión de contratos de interinos y supresión de plazas de personas que pasan a la jubilación. En este sentido, reclama la convocatoria urgente de la Mesa General para poner en marcha un plan de recursos humanos, "dado que de continuar esta tendencia podría generarse un colapso de las Administraciones Públicas".
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