Al pinchazo de la burbuja inmobiliaria se une ahora otro problema para el sector de la construcción, que supone costes añadidos a unos presupuestos ya de por sí bastante ajustados. Durante las últimas semanas se está registrando un incremento de las extorsiones de los denominados ‘vigilantes de obra’, una práctica conocida desde hace años en las grandes construcciones que ahora se extiende a las obras particulares.
Desde Madrid han llegado grupos que recorren la provincia de Salamanca en busca de chalés y viviendas particulares para ‘ofrecer’ a los dueños sus servicios de control y vigilancia durante las noches y días festivos. Todo ello por un módico precio que no suele bajar de los 300 euros mensuales.
Si los dueños no aceptan, vuelven al día siguiente, y así durante varias jornadas sucesivas advirtiéndoles que entonces no se responsabilizarán de lo que le pueda ocurrir a esa obra. Algunos de las personas que han sufrido estas extorsiones se muestran impotentes a la hora de poder denunciar los hechos, por lo que reclaman a Policía Nacional y Guardia Civil más presencia por las zonas donde se llevan a cabo construcciones.
Durante los últimos dos años, la Guardia Civil ya ha desarticulado varias de estas bandas de extorsión por toda la geografía española. Generalmente utilizan extranjeros en situación irregular que hacen las veces de vigilantes por un sueldo de 300 euros al mes y con unas condiciones infrahumanas en su puesto de vigilancia.
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