La reciente decisión del Gobierno de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) capitalice los 4.465 millones de euros prestados al Banco Financiero y Ahorro supone que el Estado se convierte en accionista mayoritario en un porcentaje pendiente de ser valorado por expertos independientes, pero que en todo caso va a ser muy alto. Este hecho supone que el Estado pase a ser accionista mayoritario en Bankia y accionista de referencia en más de 400 sociedades, muchas de ellas cotizadas en Bolsa, como Indra, Mapfre e Iberdrola entre otras.
 
En la sociedad como la actual, la presencia del Estado en el capital de las empresas debe ser vista como un medio y no como un fin para la resolución de los problemas planteados. Ausbanc está recibiendo en los últimos días numerosas consultas por parte de sus asociados y de clientes, a través de su número de atención al consumidor Telebank (807 31 78 44)  así como de medios de comunicación interesados en conocer la opinión y valoración por parte de esta asociación de este tema. 
 
La asociación de usuarios bancarios asegura que el problema se circunscribe al Banco Financiero y Ahorro (BFA), que es un banco tenedor de activos y que no tiene actividad bancaria más que como tenedora de una cartera de créditos y participaciones. Por tanto, los intereses de clientes, cuenta correntistas, depositantes y acreedores de la entidad Bankia, no solo no se encuentran en riesgo sino que al ser el Estado el accionista mayoritario de Bankia no corren ningún peligro.
 
Ausbanc recuerda que si bien los intereses de los clientes están absolutamente garantizados, estos deben cumplir todos sus compromisos contraídos con la entidad. Los tenedores de Preferentes, deuda subordinada y otros del BFA tienen su inversión asegurada al ser el Estado el titular de la sociedad BFA. "Es cierto que las siete cajas, Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia,  Caja Laietana, Caja Rioja e Insular de Canarias, que formaban la estructura accionarial de BFA y su importante aportación a la sociedad han desaparecido como consecuencia de una nefasta actuación del Banco de España y en especial de su Gobernador Miguel Angel Fernández Ordoñez", concluye.

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