El acuerdo, que vincula a todos los órganos de contratación de la Administración Regional, responde a un compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y marca como reto dar un giro a buena parte de los contratos que adjudica el Ejecutivo Autonómico para favorecer, de esta forma, a las personas con más dificultades de colocación. Y hacerlo a través de dos actuaciones fundamentales: la reserva por primera vez de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general. Ambas medidas tratan de inculcar una perspectiva social en la contratación de la Administración Autonómica, algo que tras este tiempo transcurrido, parece haberse conseguido ya que la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general ha sido muy satisfactoria, hasta el extremo de estar prácticamente generalizada en la Administración de Castilla y León.
Centros Especiales de Empleo
El compromiso de la Junta de Castilla y León es reservar el 6,5% del importe total de los contratos de la Administración Autonómica entre un catálogo de actividades
-limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras- a los Centros Especiales de Empleo. El objetivo es poder destinar aproximadamente 10 millones de euros al año en contratos específicos para estos centros.
Desde su puesta en funcionamiento, en septiembre del pasado año, hasta el 15 de mayo de 2013, se han adjudicado contratos a los Centros Especiales de Empleo por importe de casi 3,2 millones de euros, siendo las actividades laborales, de lavandería y planchado, y limpieza, las que acaparan más del 90% de la contratación. Esta apuesta de la Junta de Castilla y León no sólo contribuye a crear o mantener empleo entre el colectivo de personas con discapacidad, sino que supone beneficios sociales, laborales y económicos. De hecho, de cada cien euros invertidos por las Administraciones Públicas en Centros Especiales de Empleo, 209 euros retornan a la sociedad.
Se trata de una medida aplaudida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), quien ha reclamado a las Comunidades y a los ayuntamientos de toda España que imiten la decisión de la Junta de reservar un tanto por ciento de la contratación pública a favor de los Centros Especiales de Empleo. Y es también una medida reivindicada por la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo, que destaca las oportunidades que supone la contratación pública socialmente responsable para el desarrollo de este tipo de centros.
En la actualidad, Castilla y León cuenta con 190 Centros Especiales de Empleo, repartidos en 221 centros de trabajo y dan ocupación en su conjunto a 3.902 personas. En Salamanca se ubican 19 Centros Especiales de Empleo, algunos de ellos con sedes en otras provincias, que emplean a 263 trabajadores con discapacidad. En Castilla y León, entre 2007 y 2011 se destinaron 136.495.289,46 euros a subvencionar los costes salariales de los trabajadores de los centros especiales de empleo. En Salamanca, esta cantidad ascendió a 7.016.541 euros.
Cláusulas sociales en la contratación general
El objetivo del acuerdo es, sin embargo, más amplio. Se trata de impulsar en las empresas una visión más social y, para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Aunque no se habían previsto importes objetivos para esta actuación, es de destacar que las Consejerías han adjudicado, desde la puesta en marcha del Acuerdo, 227 contratos a empresas con incorporación de cláusulas sociales en la contratación general por importe de 70 millones de euros. Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales. Entre ellas, que la plantilla esté formada por un porcentaje de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, de desempleados, o que presenten importantes dificultades de colocación.
También se valorará que la plantilla cuente por personas con discapacidad, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años.
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