El Consejo de Cuentas detecta deficiencias recurrentes en la contratación del sector público local como la falta de criterios de valoración de las ofertas suficientemente detallados en los pliegos. Asimismo, constata que la documentación aportada de numerosos expedientes no acredita que los adjudicatarios estén al corriente en las obligaciones tributarias. Asimismo, no suele constar una fiscalización previa del compromiso de gasto y tampoco se especifican las condiciones mínimas de solvencia técnica o profesional que han de cumplir los licitadores extranjeros, a los que no se les puede exigir la clasificación.
 
Estas conclusiones se desprenden de la Fiscalización de la Contratación del Sector Público Local correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que se centró en las diputaciones de Burgos (2009), Soria (2010) y Valladolid (2010) y en los ayuntamientos de León (2009), Salamanca (2009 y 2010) y la capital del Pisuerga (2010), que no cumplieron con la obligación de remisión de la información establecida en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
El Ayuntamiento de Salamanca no remitió al Consejo ni al Ministerio de Hacienda la documentación de ninguno de los 34 contratos correspondientes, 18 al ejercicio 2009 y 16 al 2010, de los que estaba obligada legalmente a comunicar, por un importe total de 96.022.291 euros. Esto supone un incumplimiento de dicha obligación del 100 por ciento para ambos ejercicios. 
 
Al Consejo refleja en su informe que para la selección de empresas en el único procedimiento restringido examinado se deja total discrecionalidad al órgano de contratación al no establecer la puntuación mínima necesaria para su admisión. Además, en un contrato no se ha constituido el comité de expertos a pesar de estar previsto en los pliegos; y otro contrato ha sido adjudicado sin que exista constancia del procedimiento llevado a cabo para seleccionar al contratista. 
 

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