Banco EspañaDuero ha mantenido este miércoles la primera reunión del periodo formal de consultas con los sindicatos, con el fin de llegar a un acuerdo para ejecutar el proceso de reestructuración anunciado hace casi un mes. Durante la reunión se ha constituido oficialmente la mesa de negociación y se ha hecho entrega a los representantes de los trabajadores de toda la documentación exigida por la normativa y que da soporte a la propuesta.
La entidad financiera ha anunciado la intención de proceder al cierre de 42 oficinas. Por el momento no se han facilitado detalles sobre cuáles serán, pero Banco EspañaDuero asegura que no tendrá incidencia de cara a la atención y servicio a los clientes.
Este proceso de cierre se enmarca dentro de la estrategia común a la mayor parte de las entidades financieras "de racionalizar sus estructuras y dimensionar la capacidad instalada en función con la actual coyuntura de negocio". Y añade que la medida también se justifica en la tendencia imparable dentro del sector hacia un mayor uso de nuevos canales tecnológicos (banca por internet, por teléfono y cajeros automáticos). Igualmente, la entidad racionalizará su red, unificando oficinas próximas, evitando duplicidades en localidades y buscando la eficiencia y la rentabilidad comercial.
Banco EspañaDuero, integrado dentro del Grupo Unicaja tras la reestructuración de Caja España-Duero (Ceiss), plantea que la reestructuración afectará a un máximo de 1.120 puestos de trabajo. En concreto, la desaparición de los servicios centrales con sede en León, Salamanca y Valladolid, además de las oficinas de Madrid, se llevará por delante 541 puestos de trabajo, según los planes del Banco EspañaDuero. Otros 579 trabajadores serán de la red de oficinas.
El banco ha planteado analizar medidas de flexibilidad interna cuyo objetivo es reducir el impacto de la reestructuración y atenuar sus consecuencias. Estas medidas contemplan, desde recolocaciones en empresas del grupo o en terceras empresas, movilidad geográfica, modificación de las condiciones de trabajo para el ahorro de costes, hasta la extinción del contrato de personas que, por su edad, tienen más fácil acceso a una jubilación próxima.
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