El Gobierno aprobó recientemente la reforma del sistema financiero, con nuevas exigencias a las entidades de ahorro, sobre todo las cajas. Tras acotarse el techo de gasto del presupuesto para este año y el déficit del Estado, el Ejecutivo tiene en mente ahondar en la reestructuración del sistema financiero. Por eso, muchas entidades siguen moviendo ficha, sobre todo las cajas rurales, las últimas en entrar en juego en la partida. En mayo, la unión de Caja Rural de Segovia, Burgos, Fuente Pelayo y San Fortunat dará lugar a Caja Más, una nueva entidad en Castilla y León.
 
Mientras, Caja Rural de Salamanca permanece anquilosada. Pese a que desde la cooperativa de crédito se asegura que cumple con las nuevas exigencias de provisiones y colchones de capital exigidos por el Gobierno y publicados en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, cuyo propósito es devolver a la banca española la credibilidad en los mercados, lo cierto es que si el Gobierno vuelve a modificar las reglas, Caja Rural de Salamanca se expone a quedar fuera de juego.
 
En otras comunidades autónomas también se mueven. El Consejo Rector de Caja Rural Castellón ha acordado someter a la aprobación de sus socios la fusión con Cajamar Caja Rural y su consiguiente incorporación desde el primer día al proyecto de Cajas Rurales Unidas, la entidad resultante de la unión de Cajamar y Ruralcaja.
 
El pequeño tamaño de las rurales es el principal handicap pero también una ventaja, pues ha evitado que cayesen en grandes proyectos inmobiliarios que les haya obligado a acumular una cartera de inmuebles adjudicados por impagos. Sin embargo, las que tengan un exceso de riesgo pueden acabar obligadas a una integración. Y es que la nueva norma aprobada por el Gobierno obliga a aumentar las dotaciones, que, si se aspira a continuar en solitario, no se puede hacer contra el capital, uno de los puntos fuertes del sector cooperativo, sino contra los resultados o las provisiones genéricas.

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