La normativa prevé una revisión del conjunto de parámetros técnicos y económicos por periodos regulatorios de seis años de duración e introduce incentivos a la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia económica y técnica del sistema y de la disponibilidad de las redes. Así, se retribuirá la inversión de los activos en servicio no amortizados, considerando el valor neto de los mismos y una tasa de retribución financiera referenciada a las Obligaciones del Estado a diez años incrementado en 200 pbs (actualmente 6,5%). Y se retribuirá también por operación y mantenimiento y se incluye un incentivo (o penalización) asociado al grado de disponibilidad de sus instalaciones.
También se incentiva extender la vida de las instalaciones más allá de su vida regulatoria con el fin de reducir el coste para el sistema. Y se introducen criterios de eficiencia en la construcción, especialmente las de carácter singular, operación y mantenimiento. El valor presentado del proyecto será vinculante y se limita su posible desviación, previa auditoría, a un 25%. de dicho valor. Anteriormente se retribuía la totalidad del coste. El devengo y el cobro de la retribución de las instalaciones puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2, reconociéndose un coste financiero.
Respecto a la red de distribución, se retribuirá la inversión de los activos en servicio no amortizados, considerando el valor neto de los mismos y una tasa de retribución financiera referenciada a las Obligaciones del Estado a diez años incrementado en 200 pp.bb (actualmente 6,5%), además de la operación y el mantenimiento de los activos. Y se retribuirán también los costes necesarios para ejercer la actividad de distribución como las lecturas de contadores, la contratación, la facturación de peajes de acceso y gestión de impagos, la atención telefónica a los clientes conectados a sus redes, las tasas de ocupación de la vía pública, y los costes de estructura.
Por otro lado, se incluyen incentivos y penalizaciones a la mejora de la calidad de suministro, a la reducción de las pérdidas en las redes de distribución, así como un nuevo incentivo a la reducción del fraude. El devengo y el cobro de la retribución de las instalaciones puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2, reconociéndose un coste financiero. Para las distribuidoras con menos de 100.000 clientes, se establece un transitorio de hasta 3 años desde la puesta en marcha del sistema retributivo establecido en el RD, para converger la retribución resultante de la aplicación de la metodología anterior. Estas distribuidoras presentarán sus planes de inversión cada tres años.
Finalmente, la inversión anual autorizada tendrá un límite máximo global del 0,065% del PIB para el transporte y del 0,013% del PIB para la distribución. El sobrecoste derivado de normativas autonómicas o locales específicas no será sufragado por la tarifa eléctrica. La norma establece una limitación de desviaciones frente al estándar establecido, reconociendo sólo parcialmente el sobrecoste, que deberá estar debidamente justificado y auditado. Se realizará un control de la inversión realmente realizada, debiendo presentar las empresas un informe de auditoría externo. Además, se minorará el volumen de inversión en caso de incumplimiento de los planes previstos y se establece la posibilidad de adelantar la construcción de una instalación, siempre que ésta estuviera prevista y que no sea a cargo del sistema.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios