A su juicio, la reforma sanitaria supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como ciudadanos extranjeros, "aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social: jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales, etcétera. Más grave aún es la situación de las personas migrantes en situación irregular, que añade un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia".
En Cáritas manifiestan su preocupación porque el riesgo de precariedad aumenta, tanto en los casos de las personas afectadas por una discapacidad con elevado deterioro de la autonomía, como en los casos de los enfermos crónicos o los que necesitan tratamiento oncológico, "sobre todo porque se aplican de forma dispar distintos criterios por parte de las Comunidades Autónomas, lo que propicia la desigualdad en función del lugar de residencia, especialmente en el caso de las personas que habitan en el medio rural. Constatamos el inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca".
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