CCOO, primer sindicato en Correos, ha dado la voz de alarma ante la entrada en vigor, el próximo mes de octubre, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, aprobada por el Gobierno en octubre de 2015. Según adelanta el sindicato, y sin que nadie en el Gobierno ni en el Ministerio de Hacienda, organismo que ha impulsado la ley, se haya percatado de que la nueva regulación podría dejar a más de 16 millones de ciudadanos sin notificaciones y al descubierto en sus garantías jurídicas
Y ello porque una de las medidas incorporadas a la ley, el doble reparto de una notificación en horario de mañana y tarde en caso de que el notificado no se encuentre en su domicilio en el primer intento de entrega, resulta, tal como argumenta CCOO, económicamente inviable. CCOO acusa al Gobierno de moverse en exclusiva por un afán recaudatorio y persecutorio hacia la ciudadanía, sin dotar al operador público de financiación para que pueda dotarse de una plantilla suficiente para garantizar la notificación fehaciente al ciudadano.
A la vista del desaguisado que podría provocar la iniciativa, CCOO ha exigido al Ministerio de Hacienda la necesidad de prorrogar su entrada en vigor en tanto no se halle una solución que garantice un derecho esencial, como el de recibir notificaciones de forma fehaciente, para los millones de ciudadanos que podrían verse afectados. Para CCOO, esto pasa porque las notificaciones sean prestadas por el operador público en su totalidad y con los recursos suficientes. Sólo así se garantizaría su fehaciencia y la seguridad jurídica de la ciudadanía frente a los actos de la Administración.
Con la modificación introducida en la nueva ley, el sindicato pone de manifiesto la imposibilidad de aplicarla sin incurrir en costes duplicados de plantilla y provocar una quiebra del propio operador: el coste de una notificación entregada en una sola jornada se duplica aritméticamente si dicha notificación ha de entregarse por la mañana y por la tarde, lo que hace inviable su reparto con las actuales estimaciones de coste. A cualquier operador le supondría una pérdida económica imposible de asumir en una licitación de estas características, pues implicaría o bien un cambio radical en la organización del trabajo, o bien la puesta en marcha de miles de contratos a tiempo parcial, o un sobre incremento generalizado de plantilla que Correos no tiene autorizado por parte del Gobierno.
Y si en centros urbanos, con gran concentración de población y mayores posibilidades operativas de reparto, sería una opción a considerar, en zonas rurales de baja densidad de población y periferia de núcleos urbanos sería totalmente inviable, lo que dejaría sin cobertura a más de 16 millones de ciudadanos y más de 8.400 unidades de población. El Gobierno vuelve a proyectar su idea de una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda categoría, algo que CCOO critica de forma rotunda.
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