Cuando el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 va a recortar el 7,10% de la partida de Educación, aumentando las horas del profesorado y el número de alumnos por aula, no cubriendo bajas y despidiendo interinos, cuando reduce el 32,03% de las inversiones en nuevas construcciones, el 52,73% en las inversiones en reposición o el 63,59% en los gastos de mantenimiento, llama la atención que la Junta de Castilla y León haya decido subvencionar 124 nuevas unidades de enseñanza privada, algunas de ellas con un número de alumnos inferior al establecido en la propia normativa regional. El gobierno regional responde, pues, a la caída de la demanda de las familias hacia la enseñanza confesional aumentando las subvenciones. Todo un canto a la "libre elección de centro".

 
Ese afán privatizador de la Junta no es ni siquiera nuevo, ya fue denunciado por el propio Consejo Escolar de la región, al haber aumentado, entre 1999 y 2009, la financiación de los Conciertos un 30% más que la de los centros públicos. 
 
El progresivo deterioro de la enseñanza pública responde, pues, a un proyecto deliberado y se extenderá en el tiempo hasta culminar con la implantación de un modelo asistencial para la Escuela Pública si el profesorado, los estudiantes, las familias y el conjunto de la comunidad educativa no conseguimos evitarlo.
 
Por eso, como creemos que la educación pública no es sólo un derecho de los ciudadanos, que ha llevado generaciones conquistar, sino también uno de los pilares de la salida de la crisis, que exigirá mejor formación y preparación de nuestros jóvenes, estamos seguros, de que la Marea Verde durará más que este gobierno anti social. 
 
 

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