La negociación de la propuesta de creación de plazas de profesorado que la administración educativa ha presentado, "supone un año más una pérdida de puestos de trabajo para el próximo curso y una consolidación de la política de recortes en el sector público educativo en nuestra provincia". En España, los recortes se sitúan en 61.000 docentes menos y en Castilla y León en 5.159 docentes menos, por encima de la media nacional y por encima de la media de la Comunidad Autónoma.
"Estamos perdiendo 150 puestos de profesorado al año en Salamanca", continúa CCOO. Y explica que la Junta de Castilla y León ha prescindido de 5.159 profesores en cuatro años. Entre 2009 y 2013 las partidas destinadas a gastos de personal en niveles no universitarios, en los presupuestos de Castilla y León, han bajado de 150.131.000 euros, un 12,4% menos, al pasar de 1.213.440.000 a 1.063.310.000 euros. En el conjunto de España ese mismo recorte ha sido porcentualmente menor (-11,51%) lo que supone que "a pesar de la autopropaganda de la Junta de Castilla y León sobre la voluntad de mantener los servicios públicos, el recorte en profesorado ha sido un 0,89 % superior a la media nacional".
El sindicato alerta que "este recorte en personal no se va a detener aquí ya que, a pesar de que los diferentes gobiernos han defendido la necesidad de un nuevo modelo económico más sostenible y que este pasa por impulsar la educación como motor del cambio de modelo productivo, los hechos han demostrado que la única prioridad es la reducción del déficit y si se atiende la exigencia de Bruselas, habría que recortar otros 10.000 millones de euros hasta 2015, hasta dejar el gasto público educativo en el 3,9% del PIB, uno de los más bajos de la OCDE y la Unión Europea".
Para CCOO, estos recortes afectarán a la equidad del sistema, mermará la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y también al empleo de otros muchos miles de profesores y profesoras que se seguirán sumando a los actuales seis millones de parados. Por eso, muestra su rechazo a los criterios de modificación de plantillas jurídicas u orgánicas para el curso 2014-2015, no consensuados con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, "impuestos por lo tanto desde la Administración", así como su aplicación en la actual negociación de plantillas. "Estos criterios son un ataque más a la Enseñanza Pública que unido al gran número de supresiones de la propuesta y a la escasa creación de puestos de la misma, supone más recortes y pérdida de empleo en nuestra provincia", concluye.
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