Así, exigen al Gobierno la convocatoria, de forma inmediata, de la Mesa General de las Administraciones Públicas “para conocer de primera mano las intenciones del ejecutivo respecto a los expleados públicos y abrir un proceso amplio de negociación que abarque las retribuciones, la cantidad y calidad del empleo público y las repercusiones que sobre ello van a tener las políticas de recorte y reforma emprendidas”, aseguran.
Por otra parte, denuncian la masiva pérdida de empleo que se ha producido desde hace tres años para acá. Concretamente, cifran la destrucción de empleo en 370.000 trabajadores de toda España. Además, añaden “que la salida de la crisis no pasa por la privatización de los servicios públicos ni por la reducción de plantillas”.
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