El delegado de CCOO en AENA, Jesús Frutos de Arriba, ha definido a AENA como un "pastelito" más que apetecible para los gestores privados, ya que, actualmente AENA se sitúa como monopolio público y cuyos beneficios anuales lo convierten en objetivo de los inversores al anotar un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de más de 1.000 millones de euros al año. Jesús Frutos ha recordado los intentos fallidos de privatización del sector llevados a cabo tanto por populares, en la época de José María Aznar, como por los socialistas en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Frutos, además, ha alertadon del riesgo que supone dejar en manos privadas la gestión de las infraestructuras aeroportuarias, ya que, son, según el delegado de CCOO, un elemento clave del sector estratégico al suponer una participación del 7% en el PIB del Estado.
En esta línea, Jesús María López, secretario de organización de PSC-CCOO, ha defendido la gestión pública como elemento fundamental para salir de la crisis económica al permitir unos estándares mínimos de servicio y calidad homogéneos así como una mayor transparencia y participación de agentes afectados en la toma de decisiones. Jesús María López ha denunciado, también, la opacidad con la que llevando a cabo el proceso el Gobierno, a quién culpa de actuar a espaldas de los ciudadanos e instituciones. El secretarario de organización ha apuntado como principales consecuencias de la privatización de este sector el incremento de las tasas, la eliminación de rutas no rentables económicamente, la pérdida de control institucional o las dificultades de autofinanciación de los aeropuertos.
Emilio Pérez, secretario general de CCOO Salamanca, ha defendido, una vez más, el mantenimiento del aeropuerto de Matacán, y anuncia que esta medida pone su supervivencia en tela de juicio. Pérez ha defendido el aeropuerto salmantino al considerarlo una infraestructura vital para la salida de la crisis de la provincia salmantina y apuesta por convertirlo en la potencia motora del turismo de la ciudad. El sindicato insta a ayuntamientos, autonomías y organizaciones a un debate social así como al rechazo de la medida del Ejecutivo, ya que, según indican, dejará en manos privadas un servicio público que se financia por sí solo y sin que los ciudadanos tengan que poner dinero de su bolsillo.
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