La Asociación de Clínicas Autorizas para la Interrupción del embarazo (ACAI), asegura que 104.275 mujeres habrían abortado ilegalmente en España si la nueva ley propuesta por el Gobierno estuviera en vigor. Así, calcula que 101.151 mujeres interrumpieron su gestación durante el año 2012 por voluntad propia, a las que se suman 3.124 que lo hicieron por anomalía fetal grave. Supuestos, voluntad propia y anomalía fetal no contemplados en el nuevo anteproyecto de ley. "En consecuencia, y toda vez que la ley del PP entre en vigor, más del 90% de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino, circunstancia que pondrá en riesgo su salud y su vida", explica en un comunicado.

Para los profesionales de los centros acreditados esta disminución sería aun más acusada "si el Partido Popular no hubiera impedido la aplicación de un elemento básico y fundamental de la norma". Se trata de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que habilitaba los mecanismos necesarios y suficientes como para prevenir el embarazo no deseado. Instrumentos tales como la educación sexual como materia curricular en la enseñanza, el acceso real a los métodos contraceptivos y estrategias específicas de acción sobre grupos vulnerables, tales como, adolescentes y mujeres inmigrantes. "Nada de eso ha sido posible, por la negativa del PP a facilitar la prevención del embarazo no deseado, y sin embargo, pese a todo, la tasa de abortos ha disminuido".añade.

En relación al anteproyecto de ley presentado por Justicia, ACAI considera una aberración que los profesionales de la psiquiatría se vean obligados, poniendo en riesgo su seguridad jurídica, a ser confesores de la vida íntima de las mujeres que desean interrumpir su gestación. Habida cuenta, además, de que sus afectaciones psiquiátricas derivarán muy probablemente de la imposibilidad de abortar, de la prohibición de abortar y no de afectaciones psicológicas previas. "Resulta de una crueldad sin precedentes que una mujer pierda su privacidad, al verse obligada a “comparecer” ante los que serán custodios voluntarios u obligados de la moral religiosa de una minoría", apostilla.

 

Por último, ACAI quiere señalar que de entrar en vigor "una norma que nos aleja completamente de la realidad europea" las mujeres no solo perderían un derecho básico, sino que tendrían enormes dificultades para encontrar en su periplo médico y vital, profesionales que las puedan ayudar, ya que los médicos y sanitarios podrían verse expuestos a tres años de cárcel y seis de inhabilitación si sus diagnósticos o informes preceptivos no se adecuan a la ideología política de los hacedores de esta ley.

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