El pasado 3 de octubre tuvo lugar una reunión de familias de estudiantes de ESO en un colegio concertado de Salamanca con responsables del centro educativo en el que se les facilitó un documento para domiciliar un pago de 25 euros al mes. Según este documento, ese dinero tiene como objetivo “cubrir servicios complementarios diversos tales como la tramitación del carnet escolar, la agenda escolar, fotocopias, mecanización de notas, plataforma de comunicación con las familias, gabinete psicopedagógico, material común,…”, algo que puede ser considerado ilegal al considerar las familias que no se les puede exigir dinero para este tipo de gastos, teniendo en cuenta además que los colegios concertados ya reciben dinero público.

Así lo entiende el PSOE, que manifiesta serias dudas sobre la legalidad de estos cobros para cubrir gastos de un centro que está financiado como centro concertado con fondos públicos. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una pregunta escrita al consejero de Educación, Juan José Mateos, al que las familias también han remitido la denuncia, para pedir información al respecto, con el objetivo de evitar que se produzcan cobros indebidos a las familias de estudiantes de centros concertados.

A mediados de septiembre el consejero de Educación aseguró que se vigilarán los cobros voluntarios de los centros concertados a las familias, una práctica que vienen denunciando numerosos padres desde hace meses. Según explicó Mateos, los conciertos de la Junta de Castilla y León cubren la totalidad de los gastos de funcionamiento y profesorado, por lo que “las familias no necesitan hacer ninguna aportación extraordinaria ni al funcionamiento, ni al pago de profesorado. No nos parece bien y si tenemos denuncia de que se están produciendo cobros por el funcionamiento lo vamos a perseguir”.
 
No obstante, sí quiso aclarar que se pueden producir algunos casos en los que los padres sean ellos quienes de manera voluntaria a través de asociaciones o fundaciones aporten donativos pero para un destino “diferente a lo que es lo estrictamente académico” . Por tanto, según apostilló Mateos, debe ser ajeno a la dirección del centro. “Vamos a ser muy rigurosos y desde luego en cuanto tenga noticias objetivas de que se están produciendo las atajaré”, concluyó.
 
Desde hace tiempo la portavoz socialista de Educación en las Cortes autonómicas, Ángela Marqués, viene instando a la Junta de Castilla y León a realizar una investigación de oficio en los colegios privado-concertados respecto a las cuotas , aportaciones o pagos que se solicitan a las familias por distintos conceptos y a remitir a los grupos parlamentarios un informe detallado de dicha investigación en un plazo no superior a siete días desde que finalice la investigación.
 
Marqués acusa a la Consejería de Educación de no haber sabido prevenir las prácticas incorrectas llevadas a cabo por colegios que solicitaron a las familias aportaciones voluntarias, que conllevaban discriminaciones hacia el alumnado que no contribuyera a dicho pago y que han sido desveladas por los medios de comunicación. En este sentido, la representante socialista afirma que la información sobre esta práctica irregular que parece estar extendida por toda la Comunidad Autónoma cogió por sorpresa a la Consejería.

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