La portavoz socialista de Educación en las Cortes autonómicas, Ángela Marqués, ha instado a la Junta de Castilla y León a realizar en el plazo de dos meses una investigación de oficio en los colegios privado-concertados respecto a las cuotas , aportaciones o pagos que se solicitan a las familias por distintos conceptos y a remitir a los grupos parlamentarios un informe detallado de dicha investigación en un plazo no superior a siete días desde que finalice la investigación.

Marqués acusó a la Consejería de Educación de no haber sabido prevenir las prácticas incorrectas llevadas a cabo por colegios que solicitaron a las familias

aportaciones voluntarias, que conllevaban discriminaciones hacia el alumnado que no contribuyera a dicho pago y que han sido desveladas por los medios de comunicación. En este sentido, la representante socialista afirmó que la información sobre esta práctica irregular que parece estar extendida por toda la Comunidad Autónoma cogió por sorpresa a la Consejería. “Las alarmas de la Consejería no saltaron a tiempo de proteger a las familias frente a prácticas que rayan la legalidad por lo que es necesario impulsar la acción de gobierno en un asunto que está demostrando, no estaba actuando con la diligencia debida", denunció.

Para el grupo socialista, “no estamos ante un malentendido sino ante un clamoroso fallo de la Consejería ante una práctica irregular que algunos colegios pusieron por escrito que salta a los medios de comunicación y es por lo que la Consejería se ve obligada a actuar.” Marqués lamenta que “de nuevo, el PP opte por mirar hacia otro lado, llegando incluso a responsabilizar a los padres, en vez de utilizar el parlamento para proteger a las familias de Castilla y León que tienen escolarizados a sus hijos en colegios privado-concertados de abusos. Con su rechazo a la iniciativa socialista, el PP ha dado la espalda a las familias".

 

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