La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se suma a la celebración de los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde la firme convicción de que las administraciones públicas deben jugar un papel ejemplar y ejercer como punta de lanza de las políticas de igualdad en el conjunto de la sociedad. "Nuestras administraciones se rigen por los principios jurídicos de igualdad, mérito, capacidad y transparencia de los procesos selectivos, pero hay situaciones que se escapan a estos criterios", explica en un comunicado.
A su juicio, los concursos de valoración de méritos, las comisiones de servicio, las retribuciones variables y gratificaciones se realizan con criterios subjetivos y en el caso de estas retribuciones, no son públicas. "Esta situación beneficia de manera mayoritaria a los hombres frente a las mujeres, lo que afecta tanto la trayectoria profesional (las mujeres tardan más años en ascender) como a la nómina", añade.
Según un estudio, la brecha salarial en ka administraciones se sitúa al menos en un 14 por ciento (en los países nórdicos se sitúa en una media del 8 por ciento). Por este motivo, en las próximas fechas el sindicato, con el apoyo de la Administración, llevará a cabo un estudio en profundidad, para determinar con más exactitud estas diferencias, en ayuntamientos y comunidades autónomas, así como en los diferentes ámbitos de las administraciones y adoptar medidas que subsanen esta situación.
Recuerda CSI-F que la Ley de Igualdad establece que la proporción de mujeres en los altos cargos no puede ser inferior al 40 por ciento, si bien, en el caso concreto de la Administración central, la realidad es que las mujeres no llegan al 23 por ciento de media: ministros (28%), secretarios de Estado (24), subsecretarios (28), directores generales (27) y embajadores (13%). Los ministerios achacan esta realidad a que son personas de “mayor edad” nombrados por criterios de competencia profesional y experiencia, “donde generalmente han existido diferencias reseñables entre mujeres y hombres”.
CSI-F también considera necesario modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para unificar criterios en la concesión de permisos que permitan conciliar la vida familiar con la vida laboral, en ámbitos como el permiso de lactancia o los permisos para el cuidado de hijos con enfermedades graves, tal y como ha recomendado recientemente el Defensor del Pueblo. También apuesta por la creación de un Distintivo de Igualdad, que reconozca a los organismos administrativos, a nivel estatal, autonómico y local, que se destaquen por su compromiso por la igualdad en su organización.
Finalmente, el sindicato considera que la lucha y prevención de la violencia de género merece un capítulo especial. Las administraciones lamentablemente no son ajenas a este problema como pudimos comprobar recientemente con el asesinato de una trabajadora del Imserso en Pozoblanco (Córdoba). "Por eso es urgente impulsar un protocolo único y nos consta que el Gobierno lo va a desarrollar en el ámbito de la Administración General del Estado. Además hay una gran desinformación y ausencia de indicadores para detectar y hacer un correcto seguimiento de este problema, su carrera profesional, su promoción, sus pérdidas retributivas", concluye.
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