El Ministerio de Industria debe tomar una decisión inmediata sobre la tarifa eléctrica que se aplica a los consumidores domésticos y también a las empresas de menor tamaño, como los establecimientos del pequeño comercio. El Gobierno ha admitido que no se plantea subir la luz el 1 de enero, porque calcula que el actual sistema lo hace posible: un descenso del precio de la electricidad en diciembre en el mercado mayorista donde las comercializadoras compran a las generadoras le permite compensar el otro componente de la factura, el de los costes regulados.

Pero la solución sólo puede ser válida a muy corto plazo y no se sostiene por más tiempo. Esos costes regulados son los que, además de soportar las primas a las renovables, y sufragar los gastos del transporte y el mantenimiento de la red, deben compensar, poco a poco, el abultado déficit de tarifa acumulado, que ya supera los 22.000 millones de euros. Hasta tres sentencias del Supremo se han pronunciado en contra de las decisiones que hicieron posible la congelación de la tarifa eléctrica en las dos ocasiones precedentes, julio de 2010 y octubre de este año.

El Supremo considera que el Gobierno no puede sustraerse a la obligación de que la tarifa de la luz reconozca todos los costes incurridos, un imperativo de la propia regulación. El alto tribunal ya se pronunció en el mismo sentido cuando el ex ministro Miguel Sebastián y el entonces portavoz del PP, Cristóbal Montoro, acordaron que la luz no subiera en julio de 2010, y se ratifica en su pronunciamiento en un auto del pasado 20 de diciembre. Este último fallo, ahora conocido, suspende la decisión del Ministerio de Industria de octubre de rebajar los peajes para compensar la subida de la energía en otoño.

 

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