El Consejo de Cuentas reforzará la agilidad y actualidad en las auditorías al sector público

 El Consejo de Cuentas reforzará la agilidad y actualidad en las auditorías al sector público
El Consejo de Cuentas reforzará la agilidad y actualidad en las auditorías al sector público
El Consejo de Cuentas ha remitido para su aprobación a las Cortes de Castilla y León el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2013, que incorpora significativas novedades bajo el doble objetivo de agilizar los trabajos y orientar su contenido al análisis y control externo de áreas del gasto público de singular interés para el conjunto de la sociedad en el actual contexto de crisis económica. Así lo ha explicado el presidente del Consejo, Jesús Encabo, quien junto a los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, ha presentado en la sede de la Institución el contenido del plan a los medios de comunicación.
 
En este sentido, además de las fiscalizaciones de carácter legal, se propone una serie de actuaciones que pretenden mostrar una imagen clara de la gestión y de la eficiencia en el manejo de los caudales públicos en materias como el procedimiento de adquisición de suministros farmacéuticos en la atención sanitaria especializada, las subvenciones y ayudas de la Comunidad y las políticas activas de empleo del Ecyl. Además, para un mejor conocimiento de la situación económica actual de la Comunidad Autónoma, se analizará y mostrará la imagen de la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma, del Sector Público Local o del endeudamiento de las diputaciones provinciales.
 
Junto al nuevo Plan Anual de Fiscalizaciones, el Consejo ha expuesto los datos sobre rendición de cuentas del ejercicio 2011 de las entidades locales de la Comunidad, una vez finalizado el pasado 31 de diciembre de 2012 el periodo de prórroga de dos meses habilitado sobre el plazo legalmente establecido a 31 de octubre. Es preciso aclarar que, a efectos de los trabajos de fiscalización del sector público local el Pleno del Consejo decidió reducir el pasado año de 6 a 2 meses el periodo de prórroga que había operado en ejercicios anteriores, con el objetivo de acortar a su vez el tiempo de elaboración de los informes de análisis y auditoria.

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