El Consejo General del Poder Judicial plantea suprimir tres jurisdicciones administrativas

 El Consejo General del Poder Judicial plantea suprimir tres jurisdicciones administrativas
El Consejo General del Poder Judicial plantea suprimir tres jurisdicciones administrativas
Salamanca perderá tres de los cinco partidos judiciales con los que cuentan en la actualidad si prospera una propuesta aprobada por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recoge los principios básicos que deben regir una nueva demarcación judicial a nivel nacional. Esta propuesta está a la espera de las aportaciones que puedan realizar los tribunales superiores de justicia de cada comunidad y los vocales territoriales. En Salamanca sólo se contemplan dos partidos: el de la capital, al que se unirían los de Béjar, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino, y el de Ciudad Rodrigo.
 
La Ley de Planta de 1988 estableció que cada partido judicial debía atender a una población de 50.000 habitantes y un territorio de unos 15 kilómetros de radio, pero ya desde el Pacto de la Justicia de 2001 se vio que esa fórmula estaba desfasada y desde entonces ha habido varias propuestas para reestructurar el mapa judicial. Recientemente, el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planteaba la necesidad de reformar la Ley de Demarcación y Planta.
 
El informe del CGPJ plantea que, con carácter general, las nuevas circunscripciones habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes, y también recoge que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora. Además, el Consejo, que plantea que los nuevos partidos tengan un mínimo de ocho juzgados, también argumenta esta nueva ordenación indicando que ahora, gracias a las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías, no es necesario que el ciudadano se desplace al juzgado salvo “en casos estrictamente necesarios”.
 
Según se asegura desde el Consejo General del Poder Judicial, el objetivo es “abrir un debate que permita superar las disfunciones que provoca un diseño territorial que ya no responde a la realidad de una sociedad en constante y profunda trasformación. La propuesta necesita ser entendida no de manera aislada, sino como un pilar más de la reforma estructural que necesita la Administración de Justicia española”. El Consejo concluye en su propuesta, que la implantación de un nuevo mapa judicial debe ser progresiva, flexible y en el marco de una reforma global mucho más ambiciosa de la administración de Justicia que “atienda a la necesidad de ruptura del vínculo juez/juzgado con la implantación de los tribunales de instancia”.

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