Las diferencias en el tramo autonómico del IRPF y en las deducciones fiscales que aplican unas comunidades y otras provocan grandes diferencias entre lo que pagan unos ciudadanos en comparación con otros dependiendo de la autonomía en que residan. Valga de ejemplo una familia integrada por los cónyuges, dos hijos de cuatro años y ocho meses, con unas rentas medias inferiores a 43.000 y una hipoteca. En Extremadura, Asturias y Aragón tendrían que pagar 3.697,33 euros; en Castilla y León, solo 249,35 euros. Esto es, una diferencia de casi 3.448 euros, según el estudio anual sobre fiscalidad autonómica elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
En este caso esa diferencia se explicaría por las fuertes bonificaciones que Castilla y León aplica en el IRPF por los gastos de guardería y por los hijos a cargo. Sin embargo, los economistas recuerdan que la crisis ha generado una tendencia a subir los impuestos, entre ellos el IRPF, así como a la recuperación del Impuesto de Patrimonio para las rentas más altas.
En este sentido, subrayan que estos cambios en las normativas tributarias a veces generan muchas dudas a los ciudadanos en cuanto a su aplicación y suelen ser poco eficientes. En buena medida, consideran que esto se debe a que las nuevas leyes modifican otras anteriores e introducen muchas excepciones y exenciones, lo que complica su aplicación e induce al error del contribuyente. Especialmente complejas son las muchas y muy diversas deducciones aprobadas, muchas veces sujetas a condicionantes tan estrictos que el ciudadano ni siquiera conoce si le afecta o no. En casos extremos, los textos autonómicos a veces llegan a incumplir principios tributarios básicos o normativa comunitaria.
En 2012, el IRPF ha sido el tributo que ha necesitado más páginas de los boletines oficiales autonómicos. Tras la subida aprobada por el Gobierno el pasado 30 de diciembre, muchas comunidades han decidido también elevar sus tarifas, aunque sólo en los tramos de renta más altos. En general, para las rentas menores a 80.000 euros, casi todas las autonomías han mantenido los tipos vigentes, pero en los tramos más altos, siete comunidades han decidido seguir el ejemplo nacional y elevarlos.
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