Por un lado, se establecen las condiciones comunes u horizontales, a respetar por toda la regulación que incida en el acceso o ejercicio de las distintas profesiones. El principio general será el de libre acceso y ejercicio a los servicios profesionales. Las limitaciones a este principio general deberán responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Las restricciones basadas en una cualificación profesional para el acceso a una actividad sólo podrán exigirse por ley (estatal o autonómica), siempre y cuando sea necesario por motivos de interés general (reservas de actividad) y, en aquellos casos en los que dicha cualificación sea un título universitario o de FP superior, la exigencia debe contemplarse en Ley estatal. Se establece una lista positiva de reservas de actividad a favor de profesiones tituladas, quedando derogadas el resto.
La obligación de colegiación sólo podrá exigirse para profesiones tituladas y por ley estatal, cuando resulte más eficiente la supervisión de la actividad por parte de los colegios que por parte de las Administraciones Públicas (se establece una lista positiva de obligaciones de colegiación, quedando derogadas el resto). El resto de colegios profesionales pasarán a ser de adscripción voluntaria. Lógicamente y siguiendo los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el acceso a una actividad profesional habilitará para su ejercicio en todo el territorio español, sin que puedan exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se hubiera accedido a la profesión. La Administración deberá elaborar y mantener accesible telemáticamente una lista con todas las profesiones reguladas en el país, los requisitos de acceso, el coste de colegiación en su caso, etcétera.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios