Una convocatoria ciudadana a través de internet y las redes sociales está haciendo un llamamiento para literalmente tomar la Plaza Mayor en la tarde del próximo 9 de noviembre, sábado. Los convocantes explican que el Ayuntamiento prevé una nueva ordenanza que regule los usos entorno a la zona histórica, con sanciones incluso de 3.000 euros por el “uso no autorizado” del ágora charra.

El acto tiene el objetivo de "defender el derecho a expresarse libremente, sin limitaciones y en cualquier espacio público, logrando el fin de las actuaciones irregulares e intimidatorias de la Policía Local, por orden política, hacia las personas y colectivos que ejercen sus derechos fundamentales en nuestra ciudad. La idea es que todos juntos logremos que las sanciones administrativas y determinadas ordenanzas inconstitucionales sean recuerdo del pasado, no como hasta la fecha, donde hay personas y colectivos de primera, de segunda y de tercera a la hora de expresarse y aprovechar el espacio común de la ciudadanía, las calles y las plazas, en especial la Plaza Mayor", explican en un comunicado.

Entre las sctividades propuestas está cualquiera que cada persona o grupo quiera plantear, planificada o espontáneamente, dentro de la convivencia pacífica, "el uso racional del espacio físico y la libertad de expresión y reunión, cuyo único límite es el orden público”. Es decir, se puede expresar prácticamente cualquier cosa, pero siempre de forma pacífica. Sin embargo, no se pueden vender cosas con ánimo de lucro, como si de una tienda o stand de feria se tratara. Por ahora la propuesta consensuada entre los promotores es la colocación de mesas de 16:30 a 19:00 horas y la realización de una concentración con turno abierto de palabra a partir de las 19:00 horas, "para que todos puedan expresarse libremente".

 
Hasta el momento se han sumado a esta convocatoria el movimiento 15M-Acampada Salamanca, ACDC Salamanca, Ranas Rebeldes, EcoRed Salamanca, Stop Desahucios, CNT, CGT, ATTAC, STE, Bibliopopular Giner de los Ríos, Amnistía Internacional y Alternativa Republicana. Colectivos que recuerdan que el 9 de octubre se informó a la Subdelegación por escrito de la celebración de un acto por la libertad de expresión y reunión. "No se recibió ninguna aclaración, ni contestación en 72 horas, lo cual significa que no estimaron que la acción pudiera colisionar con otros derechos fundamentales como la libertad de circulación, la intimidad de las personas, etcétera, y por tanto nada tenía que decir de la misma", concluyen los organizadores.

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