El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que se incluirá como delito de integración en banda criminal el alterar gravemente el orden público y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales. Es una de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos.
El Gobierno quiere aprobar antes de que acabe este año la reforma penal que castigará el vandalismo callejero igual que la 'kale borroka'. Así, se pretende es elevar las penas para esos delitos a un mínimo de dos años con el fin de poder adoptar la prisión provisional. Además, tanto los jueces y fiscales como los Cuerpos de Seguridad del Estado dispondrán de una nueva normativa para hacer frente a situaciones de violencia callejera, en las que se producen cuantiosos daños al mobiliario urbano.
Para quien cometa este tipo de delitos, las penas serán de dos años, los fiscales podrán pedir prisión provisional y los jueces podrán adoptarla, medidas que ya están recogidas en la legislación de Francia y Reino Unido. El Gobierno trabaja en esta reforma para aprobarla en Consejo de Ministros antes del parón veraniego y terminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año.
Las modificaciones afectarían esencialmente a la tipificación del artículo 263 del código, que ahora solo castiga con pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a las personas que protagonicen actos vandálicos leves: esto es, que destruyan propiedades, pero sin causar daños personales, grandes incendios o estragos. Actualmente, el texto obliga a imponer el tramo medio-superior de esa condena a los miembros de la kale borroka, con lo que, al recaer sobre ellos dos años de cárcel, los jueces tienen más facilidad para decretar prisión preventiva.
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